Inaudito, sucumbe la SCJN

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La decisión de declarar constitucional la consulta popular para juzgar a los expresidentes pasará a la historia como un duro golpe al Estado de Derecho en nuestro paí­s, puesto que el marco legal no se interpreta sino se aplica conforme a las leyes establecidas, sin embargo, esta máxima fue ignorada por los ministros

Arturo Zaldí­var Lelo de Larrea, Margarita Rí­os Farjat, Yasmí­n Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena y Juan Luis González Alcántara Carranca, quienes votaron en contra del proyecto presentado por el ministro Luis Marí­a Aguilar Morales.

          Los seis ministros sucumbieron ante el chantaje que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien luego de conocer que el ministro Aguilar Morales proponí­a declarar anticonstitucional la consulta popular, argumento que deberí­an de tomar en cuenta “los sentimientos ciudadanos” en lugar de respetar el marco legal vigente en nuestro paí­s.

          Además, los ministros que declararon constitucional la consulta popular sientan un mal precedente en torno al respecto irrestricto de la legalidad, puesto que ahora la sociedad mexicana no estará segura que aplicarán la constitución, como es su obligación, porque con esta decisión se dio la impresión de que estarán atentos a satisfacer el interés polí­tico del presidente López Obrador.

          La sospecha de que se darí­a un duro golpe al Estado de Derecho surgió desde que el ministro presidente de la SCJN, Zaldí­var Lelo de Larrea, dijo que: “la Corte tení­a una oportunidad histórica de abrir a la participación ciudadana, cuyas voces usualmente son excluidas del debate público”.

          Y más cuando aseveró que: “no nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a los ciudadanos participar en las grandes decisiones nacionales”, pero se le olvida que la SCJN es la garante que se respete el Estado de Derecho y no apoyar una campaña polí­tica del Jefe del Poder Ejecutivo.

          Desde el momento en que rechazó la propuesta del ministro Aguilar Morales, surgieron fuertes crí­ticas en contra del ministro Zaldí­var Lelo de Larrea, entre las que destaca que su decisión de declarar constitucional la consulta popular fue porque le debe la presidencia de la SCJN a López Obrador.

          En esta misma situación están las ministras Rí­os Farjat y Esquivel Mossa, así­ como el ministro González Alcántara Carrancá, quienes fueron propuestas por el polí­tico tabasqueño para ingresar a la SCJN.

          Sorprendió que los magistrados Pérez Dayán y Gutiérrez Ortiz-Mena votarán a favor de declarar constitucional la consulta popular, más del primero luego de que la fracción de Morena en la Cámara de Diputados presentó en diciembre del 2018 una demanda de juicio polí­tico por conceder la suspensión de la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones que incluí­ que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la república.

          Por otra parte, pero sin dejar el tema de la SCJN, el segundo sí­ndico del ayuntamiento de Victoria, Luis Torre Aliyán, anunció que impugnará ante el máximo tribunal la terna propuesta por el cabildo para designar al sucesor de Xicoténcatl González Uresti, quien renunció al cargo de presidente municipal.

          Torre Aliyán se opone a la terna integrada por Cecilia del Alto Pérez, Marí­a del Pilar Gómez Leal y Arturo Soto Alemán, puesto que viola el código municipal y la constitución del estado, según él.

          El segundo sí­ndico aprovecho que el ahora exalcalde González Uresti no se encontraba presente en la sesión de cabildo de ayer para lanzar fuertes crí­ticas a la administración municipal, cuyos reproches fueron tomados como fuera de tiempo porque nunca antes se atrevió a señalar de frente sus acusaciones.

          Se espera que hoy el Congreso Local decida quién será la sucesora o el sucesor de González Uresti, luego de que ayer se aprobaron las licencias que presentaron Gómez Leal y Soto Alemán.

          A propósito, Soto Alemán se fue duro contra la diputada federal Olga Sosa Ruiz a través de un mensaje de redes sociales, en donde la recuerda que como diputada local del PRI aprobó 6 endeudamientos, incluso incluye el siguiente refrán popular: “Para tener lengua larga, hay que tener la cola corta”.

          Aunque el mensaje del ahora diputado local con licencia no dice más, pero es clara referencia a que la diputada Sosa Ruiz se opone al empréstito que busca obtener el gobierno del estado, luego de que no ha recibido el apoyo del gobierno federal para subsanar el gasto que ha tenido para enfrentar la crisis por la pandemia del coronavirus en la entidad.

          Por último, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que preside el legislador tamaulipeco Erasmo González Robledo, luego de reponer el procedimiento, sacó adelante el dictamen para eliminar 109 fideicomisos que sin duda impactará a diversos sectores sociales, como es el caso del Fondo de Cooperación Internacional de Ciencia y Tecnologí­a, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, sin dejar de mencionar que si bien es cierto que no se podrá desaparecer el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), si se reducirá en forma drástica su presupuesto en lugar de aumentar el presupuesto para atender a las ví­ctimas de los desastres naturales.

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