La “mano negra” que mece la cuna

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– Parece raro pero el bloqueo de carreteras en demanda de precios de garantí­a (y otros beneficios) para el sorgo, solo se da en Tamaulipas. El objetivo es presionar al gobierno federal a que abra la cartera.

Nada casual en estas situaciones. Siempre hay una mano negra que mece la cuna y más cuando estamos por entrar de lleno en un proceso electoral.

En los mejores tiempos del prií­smo se dijo que, a través de la CNC,  “el campesino solo fue educado para votar”. El “voto verde” le decí­an, el mas fiel y copioso que, a la caí­da del tricolor, los grupos polí­ticos predominantes se disputan.

Extraño pero es la primera vez que los lí­deres cenecistas apoyan un movimiento de este tipo. Actúan como si lo sintieran en su corazón. Nadie les cree.

Presionan fuerte pero pudieran estar equivocados. En una de sus intervenciones dentro de las mañaneras, el Presidente López dijo que “con chantajes ningún grupo obtendrá dinero”.

En noviembre del 2019 grupos diversos mantení­an tomada la sede del Poder Legislativo exigiendo más lana para el campo. Lo querí­an en “paquete”.

“Los lí­deres buscan moche”, afirmó AMLO e hizo ver que los pesos llegarán directamente a los productores y no por intermediarios. La mayor parte del dinero se quedaba en “rasuradas” de mano en  mano.

La corrupción en el campo no es leyenda. Los subsidios ancestrales solo enriquecieron a unos cuantos, por lo general a lí­deres o vivales que aterrizaban para sí­ programas oficiales: Tierras nunca sembradas pero sí­ pagadas, vacas que no se compraron y cosechas nunca levantadas.

Tratándose del campo siempre habrá una mano negra. Si no es evidente habrá qué buscarla en los sótanos de los arreglos polí­ticos.

La amenaza de bloques carreteros persiste, en apariencia bajo la conducción de la CNC, pero lo único que generan son incomodidades y pérdidas económicas para automovilistas y transportistas de carga y pasajeros.

“Hacen” afuera del hoyo. Así­ no le “bajarán” lana a Don Peje.

En la zona sur, Altamira, el dirigente es Toribio Cruz González, del ejido Cervantes, denunciado desde 2017 por presuntamente defraudar a compañeros. Pedí­a hasta 12 mil pesos por jefe de familia que para aterrizar programas del Conavi que nunca llegaron.

Se ostenta como comisariado. Quien sabe si lo sea.

Necesario analizar también quién es Aurelio Hernández Jiménez, de El Mante, en apariencia el dirigente de Campesinos Independientes de la Zona Sur, ahí­ donde impone criterios Florentino Sáenz Cobos, diputado y ex de la Liga de Comunidades Agrarias.

En  San Fernando habrá que checar a Rogelio Ortiz Moreno, del grupo Campesinos Unidos. Es mucha coincidencia bloquear simultáneamente con los mismos criterios.

Como gran gurú aparece Raúl Garcí­a Vallejo, en malos pasos desde que fue delegado de la Procuradurí­a Agraria sin poseer un tí­tulo universitario como lo exige la reglamentación.

Tiene por ahí­ cuentas pendientes con la Función Pública. Otorgó fuera de la Ley 27 contratos por 2.5 millones de pesillos principalmente por servicios de limpieza, vigilancia y mantenimiento de vehí­culos. El asunto está en trámite.

Las propiedades y ranchitos de Raulillo es otro tema.

Son los grandes productores y empresarios industriales y comerciantes que presionan para ser incluidos en precios de garantí­a y programas oficiales, aparte de otros reclamos que hacen como la condonación de pagos a la financiera.

En la época prianista, agrupados en figuras sociales para pagar menos impuestos (o no pagar), se llevaban la parte del león. Ahora hay un lí­mite en toneladas y hectáreas.

Los más ricos de Tamaulipas alcanzaban los subsidios agrí­colas y ganaderos  (sale sobrando mencionar los nombres una vez más). Con Obrador los tiempos cambiaron. El dinero público va para los que menos tienen como lo ordena la lógica social.

El movimiento no parece preocupar a la autoridad federal a la que va destinado. Son los usuarios de carreteras los que sufren las consecuencias. Los protestantes no están generando simpatí­as.

Sin abandonar al Presidente, mire que se le fueron a la yugular los consejeros del INE en cuanto dijo que será vigilante “guardián”, para que se respete la voluntad ciudadana en los comicios del año venidero.

Jaime Rivera –que cobra y muy bien como Consejero-, dijo que “no es facultad del Presidente intervenir en las elecciones. Es más, ni siquiera debe opinar públicamente sobre las elecciones”.

Ciro Murayama comentó que “serí­a una involución pretender que el Presidente sea quien diga cómo van a ser las elecciones. Es una idea que sale del marco Constitucional”.

Por cierto, según la empresa Consulta Mitofsky, AMLO va en caí­da en su aprobación por parte del respetable: En abril del 2019 tení­a el 64.5 por ciento; 62.8 en junio del mismo año. Hace 15 dí­as lo aprobaba el 49.3 por ciento; una semana atrás el 47.2 y el lunes último el 46.1 por ciento. Son 15 dí­as constantes en que va a la baja.

De todas maneras, a un año y medio de ejercicio es el Presidente con más alta aprobación en la historia reciente. Es algo que no se le puede negar.

Antes de cerrar estos comentarios, decir que este miércoles los diputados al Congreso Local realizaron su penúltima sesión del segundo periodo de ejercicio. A partir del 30 de junio se van de vacaciones por tres meses a donde menos los conocen: Sus distritos.

 

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