Resulta alentador que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hayan declarado por unanimidad inconstitucional la llamada “Ley Bonillaâ€, ya que la reforma a la constitución local de Baja California se hizo por medio de una negociación fraudulenta y corrupta para ampliar el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años, pero además la decisión refrenda el compromiso de que prevalecerá el estado de derecho por encima de intereses políticos y partidistas en el país.
Aunque ya se esperaba que la “Ley Bonilla†sería declarada ilegal desde el momento en que el ministro Fernando Franco González Salas anunció su proyecto de resolución a las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el PAN, PRI, MC, PRD y Partido de Baja California, el hecho de que la anulación haya sido por unanimidad despejó por completo la duda de que intervendría el interés de Morena por mantener la controvertida reforma del Congreso Local.
Y digo alentador porque los ministros de la SCJN tienen una serie de controversias presentadas por organismos que se quejan de las imposiciones hechas por la administración de Andrés Manuel López Obrador, entre las que se encuentra la que presentó el jueves pasado el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del decreto presidencial que busca disminuir los tiempos oficiales para promover los valores democráticos y las campañas electorales, entre otros.
En la controversia presentada por el INE señala claramente que el Jefe del Ejecutivo Federal tomó la decisión sin consultar ni tomar en cuenta la opinión del organismo encargado por mandato constitucional de los tiempos oficiales para la promoción de la democracia en nuestro país.
El decreto presidencial emitido el pasado 22 de abril contiene la disminución de los llamados “tiempos fiscalesâ€, y en consecuencia, los tiempos oficiales para la difusión de la comunicación política prevista en la reforma constitucional de 2007, que busca garantizar el acceso de todos los partidos políticos a la radio y la televisión en nuestro país.
Y como el decreto presidencial entrará en vigor el próximo viernes 15 de mayo, el INE solicitó a la SCJN que en tanto se resuelve la controversia, ordene suspender la reducción de los tiempos oficiales en la radio y la televisión.
Se espera que la decisión de la SCJN se dé en los próximos días, por lo que las dirigencias de los partidos políticos estarán muy pendientes porque en caso de que el máximo circuito deje vigente el decreto presidencial se quedarán sin un importante porcentaje de los tiempos oficiales para difundir sus mensajes a través de la radio y la televisión.
Por otra parte, pero sin dejar el tema del INE, la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores (RFE), planea reabrir los módulos de credencialización a partir del próximo 1° de junio solo para entregar las 980 mil credenciales que tiene ya listas, cuyo reparto se haría por cita programada y un intervalo de 12 minutos para cada interesado en recoger el plástico.
De igual forma, planea reiniciar el trámite de actualización de credenciales de elector a partir del 15 de junio, que también se realizaría a través de una cita programada en intervalos de 12 minutos por cada ciudadano que deseé tener un plástico vigente con nuevas medidas de seguridad.
Sólo espera que esta iniciativa sea aprobada por el Consejo General del INE; que preside el consejero Lorenzo Córdoba Vianello, para reiniciar las actividades en los módulos de credencialización en el país.
En otro tema, el rector de la Universidad Politécnica de Victoria, Jesús Ballesteros González, anunció que en sus instalaciones se elabora un prototipo de un ventilador para los pacientes de coronavirus, que se encuentra en fase experimental y que de concretarse podría ser producido en serie.
Ballesteros González reveló que en el proyecto participan investigadores y maestros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), quienes han aportado ideas para el diseño y operación del ventilador, que en caso de que se produzca tendría un costo de entre 10 mil a 11 mil pesos cada uno.
En la elaboración del prototipo se han utilizado recursos del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (Cotacyt) y de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST), que dirige la doctora Gloria Molina Gamboa.
Por último, el director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Fausto Cuevas Mesa, espera que este miércoles el Consejo de Salubridad General autorice la reanudación de la industria automotriz en nuestro país, luego de que la mayoría de las fábricas de este sector en Estados Unidos arrancarán los procesos de producción a partir del 18 de mayo.
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