México fue el primer país en Latinoamérica en adoptar el programa Alerta AMBER
México.- Los casos de menores de edad desaparecidos que terminan en asesinato o que nunca son localizados no son resultado sólo de un mal uso de la Alerta AMBER, el problema es más profundo y se trata de una carencia de protocolos de búsqueda inmediata, coincidieron expertos en Derechos Humanos.
Con el caso de la niña Fátima, quien fue hallada sin vida en la alcaldía Tláhuac días después de ser reportada como desaparecida, surgieron las críticas ante el retraso de la activación de la Alerta AMBER para su búsqueda.
Lo anterior orilló a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, a reconocer la falta de actuación de las autoridades, y anunciaron la modificación a ese programa.
Para activar la Alerta AMBER son necesarios tres requisitos: que el desaparecido o desaparecida sea menor de 18 años de edad; información suficiente del menor de edad y las circunstancias de su desaparición; y que se encuentre en inminente peligro de sufrir daño grave.
Actualmente se utiliza en Estados Unidos (donde surgió), Canadá, Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania, Holanda, Malasia, Grecia. México fue el primer país en Latinoamérica en adoptar el programa Alerta AMBER.
Es necesario comprender que ese programa es sólo una herramienta que debería formar parte de un protocolo de búsqueda, el cual no se realiza como debe ser, aseveró Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
El activista reclamó que las autoridades hagan esperar a los familiares de desaparecidos 48 o hasta 72 horas para iniciar con la búsqueda, lo cual es ilegal porque deja a niños y niñas desprotegidos en horas cruciales para su localización.
Pérez García y Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), coincidieron en que lo realmente indispensable ante la desaparición de los menores es que se implementen protocolos de búsqueda inmediata en campo, sin la formalidad de tener una denuncia.
“Hay muy pocas ocasiones que van a buscar al territorio, que piden videos. Hay muchísimas cosas que podrían hacer: solicitar llamadas de celular, buscar la localización de GPS de su celular, a través de la familia tener acceso a las redes sociales, hablar con la familia, amigos de escuela, todo eso no se haceâ€, criticó Pérez García.
La reacción tardía ha provocado que desde los años 60 al 31 de diciembre de 2019 todavía haya 11 mil 72 niños y niñas desaparecidos, siendo Tamaulipas, Estado de México, Puebla, Jalisco, Chihuahua y Nuevo León las entidades con mayor número, según el Informe sobre fosas clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, realizado por la Secretaría de Gobernación.
Sólo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 hubo dos mil 720 menores reportados como desaparecidos, de los cuales mil siete continúan sin ser ubicados.
Para Pérez Garrido, la aplicación de la Alerta AMBER a nivel estatal es discrecional, pero también considera que ésta sólo es una forma de coordinar y de compartir información de manera urgente entre las autoridades y la población. Es sólo una parte del trabajo que las autoridades están obligadas a cumplir.
Si bien existe una falta de protocolos a nivel nacional, la asesora jurídica del OCNF resaltó el trabajo que han hecho el Estado de México y Jalisco, los cuales actualizaron sus bases y priorizaron la búsqueda de campo.
Además de la falta de capacitación del personal de las dependencias encargadas de realizar la búsqueda, al OCNF le preocupa que el tema de la desaparición en algunos estados se concentra en niñas y adolescentes mujeres.
“Eso nos da un foco rojo relacionado con la trata de personas, donde las metodologías de investigación exigen mayores capacidades de reacción y respuesta, no sólo del recurso humano sino de equipo y capacidades técnicas en tecnologíaâ€, expuso Pérez Garrido.
El director de la Redim, por su parte, opinó que se necesita una estrategia nacional que pueda prevenir y enfrentar la violencia generalizada contra niños y niñas, partir de las leyes existentes, de las instituciones y de lo que ya se sabe que no hacen bien.
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