¿Caerán más cabezas?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que encabeza el chiapaneco Zoé Robledo Aburto, dejó constancia de que no se permitirá actos de corrupción, ya que no sólo cesó en forma inmediata a Juan Manuel Goicochea Gutiérrez como Jefe de Servicios Administrativos de la Delegación en Tamaulipas, sino también presentó una denuncia formal en contra de él ante la Fiscalí­a General de la República (FGR) Local, a fin de que se haga cargo de investigar el supuesto delito de prevaricación de que se le acusa al inculpado por medio de una grabación, en donde le escucha hablar con un proveedor de la empresa Medigesa, S. A. de C. V, para que no participara en una licitación de medicamentos para la entidad.

          Si la investigación en contra de Goicochea Gutiérrez se cumple con todo rigor como señala el boletí­n de prensa del IMSS, se espera que sean detenidos los cómplices de este funcionario menor de la larga red de corrupción que hay en torno a la adquisición de medicamentos del sector público.

          No debemos olvidar que existen muchas denuncias de ilí­citos cometidos durante la gestión del antecesor de Fernando López Gómez en la delegación estatal del IMSS, incluso desde que estuvo al frente de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en Tamaulipas, se denunciaron varios casos de compras irregulares de medicamentos.

          Y aquí­ surge la pregunta: ¿Caerán más cabezas?, porque se han cometido muchos ilí­citos e irregularidades inmorales en la llamada 4° Transformación y no ha pasado nada en contra de los inculpados por ser amigos o cómplices del presidente Andrés Manuel López Obrador.

          Cómo creer que ahora sí­ se aplicará todo el peso de la ley cuando no se ha hecho nada en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Dí­az, a pesar de que las pruebas aportadas por el periodista Carlos Loret de Mola ílvarez acerca de que el funcionario mintió en su declaración patrimonial a través de una serie de maniobras de prestanombres que involucran a su hijo León Manuel Bartlett ílvarez y de su actual pareja Julia Abdala Lemus.

          También cómo creer que ya no se permitirán irregularidades inmorales, como las cometidas por el controvertido José Manuel Mireles Valverde, quien como Subdelegado del ISSSTE en Michoacán, cuando primero calificó de “pirujas” a las concubinas de los derechohabientes y luego de “nalguita” a una mujer que sostiene una relación con el dirigente sindical, cuya expresiones misóginas fueron condenadas por las senadoras de todos los partidos polí­ticos que exigieron su renuncia inmediata y todaví­a sigue en el cargo federal.

          Incluso, la titular de la Secretarí­a de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, en su reciente comparecencia ante el Senado afirmó que se investigan ambos casos luego de señalar, una vez más, que no habrá impunidad y se aplicará todo el rigor de la ley en contra de los funcionarios públicos, pero lo cierto es que tanto a Bartlett Dí­az como a Mireles Valverde se les aplica aquella famosa frase de Benito Juárez Garcí­a: “A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la Ley a secas”.

          Y hablando del Senado, tal y como se esperaba, se modificó la Ley de Ingresos 2020 que enví­o la Cámara de Diputados tras desechar el incremento a los derechos del agua para los sectores agrí­cola y pecuario, además de la legalización de los autos americanos introducidos ilegalmente al paí­s, mejor conocidos como “chocolates”, entre disposiciones sumamente lesivas para los sectores productivos.

          Senadoras y senadores fueron sensibles a las quejas del sector campesino y de la industria automotriz del paí­s, ya que el alza a los derechos del agua acabarí­a con la economí­a de pequeños y medianos productores agropecuarios, en tanto que la legalización de los autos “chocolates” agravarí­a la crisis financiera que enfrentan las armadoras de vehí­culos nuevos y las maquiladoras de piezas automotrices.

          De igual forma, modificaron las tasas impositivas que se aplicarí­an a los servicios de plataformas digitales como YouTube, Facebook, WhatsApp, entre otras, además de los derechos por ingresos de turistas, que propiciarí­an que miles de vacacionistas extranjeros dejarán de venir a nuestro paí­s.

          Los diputados federales que impulsaron la controvertida legalización de los autos “chocolates” más por motivos electorales que económicos, como es el caso de Nohemí­ Alemán Hernández del PAN, Mario Ramos Tamez de MC, Adriana Lozano Rodrí­guez del PES, Olga Sosa Ruiz, Juliana Elizondo Guerra, Héctor Villegas González y Armando Zertuche Zuani del PT, además de Mariana Rodrí­guez Mier y Terán, tendrán que enfrentarse con los dirigentes de las organizaciones que aglutinan a los poseedores de estos vehí­culos ilegales, entre las que se encuentra la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (ONAPPAFA), que coordina a nivel estatal Benito Villela Sáenz.

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