Tamaulipas indemnizará a víctimas de la masacre en Nuevo Laredo; CNDH confirma violaciones graves
Redacción | La Región Tamaulipas
El Gobierno de Tamaulipas anunció que indemnizará a las familias de las ocho personas asesinadas durante la masacre registrada en Nuevo Laredo el 5 de septiembre de 2019, un caso en el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones graves cometidas por elementos del entonces Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), corporación creada en el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.
De acuerdo con la recomendación 173VG/2024, la CNDH determinó que los agentes actuaron con uso ilegítimo de la fuerza, manipulación de evidencias y simulación de un enfrentamiento, pese a que las víctimas habrían sido detenidas y ejecutadas de manera extrajudicial. El expediente CNDH/2/2022/12263/VG documenta que incluso se sembraron armas y se obligó a las personas a portar equipo táctico.
El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, confirmó que se acatarán todos los puntos de la recomendación emitida el 31 de octubre pasado. Explicó que están a la espera del dictamen de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, para definir los montos y la forma en que se llevará a cabo la reparación integral del daño.
“Tenemos la instrucción del gobernador Américo Villarreal de atender a las familias y cumplir completamente con lo que marca la CNDH”, señaló el funcionario, luego de que los familiares de las víctimas se manifestaran este lunes en Nuevo Laredo.
La recomendación también establece que el Estado deberá brindar atención médica, psicológica y acompañamiento legal a las víctimas indirectas, además de garantizar capacitación obligatoria en materia de derechos humanos para los cuerpos policiacos estatales.
¿Qué ocurrió en 2019?
El operativo se registró en la colonia Valles de Anáhuac, donde murieron seis hombres y dos mujeres:
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Severiano Treviño Hernández
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Cindy Esmeralda Briseño Chapa
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Luis Fernando Hernández Viesca
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Juana Jatzel Graciano Magaña
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José Daniel Saucedo Hernández
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Enrique Pérez Chávez
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Jennifer Hazel Romero López
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Wilbert Irrastreto Pérez
En ese momento, el gobierno estatal afirmó que se trataba de integrantes de un grupo criminal abatidos durante un enfrentamiento con policías estatales, CAIET y fuerzas federales. Sin embargo, organizaciones civiles y sobrevivientes denunciaron que fue una ejecución extrajudicial: las víctimas habrían sido detenidas, torturadas, trasladadas a otro punto y asesinadas.
En 2022, el gobierno estatal ofreció una disculpa pública reconociendo que los hechos fueron presentados falsamente como un enfrentamiento.
Las familias siguen exigiendo justicia y que los responsables materiales y de mando sean procesados.
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