La diputada Lucero Deosdady Martínez López de Morena trata de “revivir” la iniciativa para despenalizar el aborto en Tamaulipas, puesto que, según ella, se ha discutido ampliamente entre colectivos, además de ser un tema de derechos humanos que debe ser atendido por la actual legislatura local.
La también presidenta de la Comisión de Igualdad y de la Diversidad del Congreso Local aseveró que la despenalización del aborto tiene el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde septiembre del 2021, luego de que muchas mujeres se practicaron abortos clandestinos que pusieron en peligro sus vidas.
Cabe señalar, que los ministros que votaron a favor de legalizar el aborto fueron: Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González-Salas, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
De regreso con la diputada local Martínez López, en su exposición para anunciar que presentará en breve nuevamente una iniciativa, explicó que el Código Civil de Tamaulipas tipifica como delito la práctica del aborto, por lo que se aplica una pena de uno a cinco años de prisión cuando la suspensión del embarazo es voluntaria, ya que en caso de que se practique sin el consentimiento de la mujer, el castigo se incrementa de tres a ocho años de prisión para quienes lo realicen.
La legisladora morenista señala que la legalización del aborto evitará poner el peligro la vida de las mujeres que han decidido por alguna razón suspender el embarazo, pero se le olvido tomar en cuenta el derecho que tiene el embrión de vivir porque no tiene la culpa que sus padres no hayan tomado métodos anticonceptivos para evitar precisamente los embarazos no deseados.
Se podrá argumentar que es un derecho de la mujer suspender el embarazo no deseado porque es su cuerpo, como pregonan las activistas feministas, pero existe la llamada “píldora del día siguiente”, que es un método anticonceptivo de emergencia para prevenir un embarazo no planeado después de una relación sexual sin protección.
Lógicamente, que habrá grupos religiosos y moralistas, como es el caso de Provida, que se opondrán a la legalización del aborto en Tamaulipas, puesto que siempre se han caracterizado por defender el derecho a la vida que tienen los embriones que fueron concebidos y están en los vientres de sus mamás.
Seguramente habrá sesiones muy agitadas en el Congreso Local cuando se discuta la iniciativa de la diputada morenista Martínez López, como ha ocurrido en otras ocasiones, pero en esta ocasión todo parece indicar que se logrará la legalización del aborto en Tamaulipas porque tienen la mayoría absoluta para modificar el Código Civil.
Por otra parte, existe preocupación entre los adultos mayores porque se retrasó la entrega de sus pensiones del bimestre Mayo-Junio, cuya zozobra ha causado una serie de especulaciones acerca de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no tiene dinero para cubrir todas las ayudas sociales, ni mucho menos para realizar obras públicas, entre las que se encuentra la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria.
Incluso se habla de que el gobierno federal sigue endeudándose en forma alarmante, puesto que en sus reportes mensuales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que dirige Edgar Amador Zamora, señala claramente que la deuda pública aumentó en 1.1 billones de pesos durante los primeros seis meses del gobierno de Sheinbaum Pardo.
El reporte financiero de la SHCP indica también que al cierre del sexenio de López Obrador la deuda pública se ubicó en 17.7 billones de pesos, mientras que en marzo pasado ascendió a 18.8 billones de pesos.
Cabe recordar que la deuda pública en 2018 fue de 7 billones 623 mil millones de pesos, es decir fue la herencia de Enrique Peña Nieto, pero al cierre del sexenio de López Obrador el pasivo llegó a 17.7 billones de pesos, es decir las ayudas sociales se han entregado endeudando al país.
Es decir, durante la administración del político tabasqueño la deuda pública creció en 10.1 billones de pesos, pero ahora con la presidenta Sheinbaum Pardo en tan sólo seis meses de gobierno aumentó 1.1 billones de pesos, cuyo endeudamiento encendió “los focos rojos” del sector empresarial y de la banca privada porque resulta una pesada carga para las nuevas generaciones de mexicanos que deberán pagar.
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