Aunque el titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), ingeniero Pedro Cepeda Anaya, aseveró que todo se tiene listo para iniciar la construcción de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria en el 2024, resulta que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) no se le ha asignado el presupuesto necesario de dicha obra que vendrá a solucionar la escasez de agua potable en Ciudad Victoria.
Si bien es cierto que se trata del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, el ingeniero Cepeda Anaya no debe confiarse por tener el registro de esta obra ante la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que no es una garantía que se le asigne el presupuesto necesario en la Cámara de Diputados, como ha sucedido en otras ocasiones.
Ni siquiera por el hecho de que el tamaulipeco Erasmo González Robledo de Morena es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, puesto que el oriundo de Madero desde hace mucho tiempo se comprometió a destinar el presupuesto necesario para la construcción de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, que requiere de una inversión de cerca de 1,800 millones de pesos.
Ahora es todo distinto, puesto que el gobierno estatal está encabezado por Américo Villarreal Anaya y el gobierno municipal lo preside Eduardo Gattás Báez, ambos surgidos de las filas de Morena, por lo que existe la posibilidad de que el legislador González Robledo cumpla su palabra de destinar el recurso necesario aunque sea para comenzar la obra de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria a fin de abastecer de agua potable que demanda la sociedad victorense.
De ahí, la importancia de que el titular de la SOP, el ingeniero Cepeda Anaya, no se confíe y busque los canales necesarios para que esta obra sea incluida en el PEF del 2024, sobre todo porque es un compromiso del gobernador Villarreal Anaya con la sociedad victorense.
Por otra parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que preside la consejera Adriana Favela Herrera, soltó ayer una verdadera “bomba” porque le ordenó a la Presidencia de la República retirar las conferencias mañaneras en Palacio Nacional, cuya decisión seguramente será duramente criticada por el presidente López Obrador, quien se presentará como víctima porque en forma aparente le coartarán su libertad de expresión, sin embargo, se trata de que él también respete las leyes electorales.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE argumentó que durante las conferencias mañaneras se han registrado actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, entre otras violaciones a las leyes electorales, sin dejar de mencionar la violencia de género en contra de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz.
Conforme a la resolución, ahora las conferencias mañaneras tendrán una introducción que indicará los límites que señala el artículo 134 de la constitución, es decir los principios de imparcialidad y neutralidad que deben tener todos los servidores públicos que acudan a este espacio en Palacio Nacional, incluso por supuesto el presidente López Obrador.
Seguramente nadie acatará esta disposición de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, pero es un importante avance de que las y los consejeros exijan el respeto a las leyes electorales porque se confirma la versión de que no son iguales, son peores.
En otro tema, se agrava el problema social de los indocumentados que prácticamente están por todo el país, puesto que no sólo realizan campamentos en los municipios a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, sino también en otros lugares que nunca antes habían invadido, como es el caso de la Ciudad de México.
Muchos recuerdan cuando López Obrador les abrió las aduanas del sur de país a las primeras caravanas de indocumentados procedentes de Centroamérica principalmente, incluso auspicio a mujeres residentes de Chiapas para que les dieran víveres y agua cuando viajaban en trenes de carga con rumbo a la Ciudad de México y luego a la frontera norte.
López Obrador argumentó razones humanitarias en aquella ocasión, pero ahora ya no sabe qué hacer porque el problema social de los indocumentados se desbordó ante la llegada de cientos de personas de todo el mundo, incluso de África y de Rusia, entre otros países, que buscan el sueño americano.
Los albergues que se han instalado a lo largo de la frontera norte no son suficientes para atender las necesidades de los miles y miles de indocumentados que llegan a nuestro país, incluso muchos han perdido la vida en esta aventura, como fue el caso de las 40 personas que murieron calcinadas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, sin que el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, haya recibido algún castigo por la negligencia mostrado ante este hecho lamentable.
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