Tamaulipas.- La 65 legislatura del Congreso local, ha venido legislando y aprobando, en algunos casos, iniciativas no completas, incompletas o a medias, generando incertidumbre y evidenciando que no están haciendo las cosas como debiera ser.
De lo poco o mucho que se ha logrado aprobar a gritos, empujones, o desacuerdos, hay criterios que olvidan aplicarlos, sobre todo por falta de voluntad política.
Y si bien se llegó a pensar que con la llegada de FÉLIX GARCÍA “el moyo” a la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local todas estas situaciones se iban a enmendar, cada vez muestra incapacidad y se le ve más lejana la posibilidad de ser candidato a alcalde de su natal Nuevo Laredo, por el nulo trabajo.
Por ejemplo, en el trámite de la licencia de manejo, ahora con carácter permanente, no se tomó en cuenta o no se ha informado, como debiera ser, si hay o no algún tipo de descuento para las personas con discapacidad.
Incluso, ni siquiera para los adultos mayores y eso, si representa una ofensa del Congreso hacia este sector vulnerable de la sociedad.
En Tribuna legislativa dicen una cosa los diputados, pero en la práctica es otra. Ninguno de los legisladores del PAN o de Morena, por ser mayoría en el Poder Legislativo se salva.
Y en el peor de los casos, el que preside precisamente la Comisión de Grupos Vulnerables en el Congreso local, MARCO ANTONIO GALLEGOS, poco o nada hace por defender a quienes están en esa condición.
De hecho, el “moyo” AGUIAR incumple al no tener dentro de la nómina del Congreso local como mínimo el tres por ciento de personas con discapacidad, lo cual también debe haber en las oficinas públicas.
El artículo 35 de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad señala, entre otras cosas, que en todas las oficinas públicas, el tres por ciento de la nómina deben ser personas con discapacidad.
Obvio que el Congreso no cumple y menos las dependencias, es decir el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, los ayuntamientos, Tribunal Electoral, el de Justicia Administrativa, la Fiscalía General de Justicia, los organismos autónomos, entre otros.
El porcentaje no llega ni al uno por ciento. Qué pena. Y más porque continuamente, los legisladores del Pan y de Morena se la han pasado emitiendo exhortos para que se cumpla y ni siquiera les hacen caso.
Y aun cuando está en la ley y tratados internacionales, no hay disposición ni voluntad política.
La obligatoriedad es emplear a las personas con discapacidad de acuerdo al perfil que tengan. Pero ni así.
Por esos insistimos, cuando se pensó que las cosas podrían cambiar con la llegada de FÉLIX GARCÍA “el moyo” a la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, la realidad es que están peor que antes. En fin.
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