Por Rogelio Hernández López
Dos noticias de cambios le llegaron casi simultáneamente a Jesús Ramírez Cuevas y le trastocarán la relación de la Presidencia de la República –de por sí dificultosa– con la mayoría de empresas de prensa; una de estos también afectará en 2022 a todos los responsables de comunicación social de estados y municipios:
Primera. El 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda entregó el proyecto de Presupuesto para 2022 al Congreso. En este, según el Gasto Programable Por Destino Del Gasto, se asignarían apenas 1 mil 777.4 millones de pesos para Servicios de comunicación y medios, lo que contrasta con los 4 mil 711 millones que le autorizaron para 2021 para Comunicación Social en dos ramos.
Segunda. El mismo día la Corte resolvió que el Congreso de la Unión, a más tardar el 15 de diciembre de 2021, disminuya la arbitrariedad y eleve la equidad en la asignación de publicidad oficial. Es la fecha límite para reformar la Ley General de Comunicación Social que fija bases para ese ejercicio en todos los niveles de gobierno.
El escenario general que se perfila con estos anuncios es que para 2022 el Ejecutivo Federal tendrá que redistribuir su presupuesto, más recortado que nunca y además ampliar el número de empresas a las que asigna publicidad.
Es así porque al reformarse esa ley general, deberá tener criterios más claros de equidad y reducir la cantidad de empresas favoritas y castigadas que tienen los gobiernos de todos los niveles. En el corto plazo el tema de la publicidad oficial debe provocar otros debates públicos, por lo menos en foros del Congreso de la Unión.
Padrones
Por años ha sido difícil encontrar una fuente que haya investigado la cantidad total de medios de comunicación masiva en todo México. Tal dificultad se agrandó con la irrupción de plataformas digitales que son o dicen ser “medios nuevos” de comunicación.
En 2020 la oficina en México de la UNESCO aseguro contar con un Padrón Nacional de Medios Impresos, Electrónicos y Digitales. Encontró 4,078 medios de comunicación en México.
Antes, en septiembre de 2019 el director general de Medios Impresos de la Segob, Carlos Avilés Allende informó que esa dependencia tenía registrados, tan solo de periódicos y revistas, más de 1 mil 600. Y añadió que ese listado fue depurado y que “sólo quedaron 724 medios, incluidos radio y televisión” en el Padrón Nacional de Medios.
En otro momento, las organizaciones civiles Fundar y Artículo 19 aseguraron que la cantidad de medios que firmaron contratos de publicidad con el gobierno federal en 2020 fueron 397, y que diez de ellos acapararon más del 54 por ciento de ese gasto.
En la mayoría de estudios académicos mexicanos sobre publicidad oficial se acepta que es una práctica de las relaciones normales Prensa-Estado en la mayoría de países occidentales por la necesidad de difundir ampliamente acciones de gobiernos, campañas de orientación y de prevenciones de salud y seguridad principalmente, pero también se ha criticado hasta el hostigamiento que ese gasto de recursos públicos se convirtió en subsidio disimulado, sobre todo para empresas que aceptan convertirse en propagandistas del régimen en turno.
Por falta de leyes adecuadas el gasto público en publicidad se ejerce arbitrariamente para premiar los aliados y se discrimina o castiga a quienes no lo son. Eso sigue ocurriendo en los gobiernos de todos los partidos. Esa arbitrariedad es el fondo del amparo que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la organización Artículo 19.
Artículo 19 y la Corte
Los días 8 y 9 de septiembre no fue muy difundida la noticia de la resolución unánime de la Primera Sala de la Corte que concedió el amparo que había solicitado la organización Articulo 19 para declarar inconstitucionales varios aspectos de la Ley General De Comunicación Social promulgada en enero de 2019.
Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica de Artículo 19, el mismo 8 de septiembre, aseguró en un comunicado:
“El máximo tribunal constitucional concedió la protección constitucional ordenando (al Congreso de la Unión) “esclarecer y detallar los criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social, además de disponer procedimientos concretos y reglas específicas”.
Este fue el segundo amparo que la Corte otorga al organismo civil de origen inglés. El primero se le concedió en noviembre de 2017 porqué no había una ley en la materia.
“En aquel entonces –añadió Maldonado– la misma Primera Sala consideró que la falta de legislación oficial permitía la asignación discrecional de la publicidad oficial y habilitaba mecanismos de “premio o castigo” en virtud de la línea editorial de los medios de comunicación.”
“Por la orden de la Corte, el Congreso de la Unión tiene ahora la encomienda de subsanar las deficiencias de la actual y vigente Ley General de Comunicación Social antes de que termine el segundo periodo ordinario de sesiones del 2021, es decir, antes del 15 de diciembre de 2021.”
Con la revisión y reforma de esa ley, comentó Leopoldo Maldonado, debe evitarse que se sigan generando violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información y atentando contra la pluralidad mediática y a la equitativa repartición de la pauta publicitaria.
Lo que sigue
En los días y semanas siguientes aumentarán las peticiones en dos cámaras del Congreso de la Unión para que abran foros de parlamento abierto por la reforma de esa ley, para proponer criterios más claros en la asignación de publicidad oficial, menos arbitrariedad, más transparencia en el gasto de todos los gobiernos. Veremos sí el objetivo común es democratizar la información de interés público con más beneficiarios que garanticen otras fuentes y ángulos de la información, más equilibrio de opiniones, más responsabilidad profesional.
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