Por Hacienda se perfila el peor escenario para periodistas que necesiten protecció

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No obstante que cada mes piden protección federal más de 24 personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, el Mecanismo de Protección se encarrilaba para atender esa demanda creciente y mejorar su funcionamiento, pero en cinco ocasiones se le atravesó la Secretaría de Hacienda para configurar el peor escenario en los 1,304 beneficiarios actuales, para quienes sean agredidos o amenazados el resto de este año y el siguiente. Véanse los hechos:

UNO. La Secretaría de Hacienda desestimó, a mediados de 2019, una petición urgente del Mecanismo de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas para que le adicionara 150 millones de pesos para poder cumplir con las medidas de protección por el aumento de 57.6 por ciento de nuevas solicitudes respecto de 2018. Pero Hacienda concedió mucho menos de lo requerido y lo entregó hasta fines de ese año.

DOS. Para el presupuesto de 2020, la Cámara de Diputados autorizó para el Mecanismo 227 millones 600 mil pesos aproximados, apenas 20 millones más que en 2019, lo que significó un incremento de casi 10 por ciento de aumento, pero muy insuficiente porque el total de protegidos siguió acumulándose al ritmo acelerado de 24.1 en promedio mensual. Al mes de mayo ya eran 1,206 personas, para septiembre sumaban 1,304 y para fines de diciembre serán, al menos 1,402. Por eso el mecanismo, otra vez solicitó a la Secretaría de Hacienda otra adición, ahora de 187 millones para poder atender la creciente demanda. Esta vez Hacienda no cedió. El Mecanismo tendrá que ajustarse

TRES. En septiembre de 2020 el congreso aprobó un presupuesto anual de 234.5 millones de pesos para el Mecanismo en 2021, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda apenas aumentó 3 por ciento a pesar de la inflación esperada será al menos del 4 por ciento. Se acentuará la insuficiencia. Por las tendencias de agresiones, amenazas y asesinatos las necesidades de protección podrían alcanzar a 1,700 personas en diciembre de 2021. En consecuencia, el Mecanismo tendrá que hacer sobreesfuerzos para atender con 6.7 millones más a otras 600 personas acumuladas entre 2020 y 2021.

CUATRO. El primero de septiembre en el anexo del Segundo Informe de Gobierno el Presidente de la República prometió que, la reingeniería que se realiza para mejorar el Mecanismo incluiría la demanda nacional e internacional de fortalecer la prevención: “La construcción de una política pública de atención y prevención es la apuesta clave para abordar la violencia advertida en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

Esa promesa parecía estimular los cambios internos del Mecanismo (que ocurren desde marzo) y dar impulso a una reforma de la Ley federal de protección. En ese contexto, el 22 de septiembre la Comisión de Gobernación y Población de Cámara de Diputados aprobó el dictamen que cambiaría la naturaleza jurídica del Mecanismo, ampliaría los objetivos de la Ley y el Mecanismo para elevar la prevención. Esto es: “establecer acciones y procedimientos entre los tres niveles de gobierno, realizar políticas públicas de prevención, fortalecer a la Coordinación Ejecutiva Nacional y crear nuevas Unidades Auxiliares”, entre otras cosas.

Pero el dictamen no pasó a la plenaria legislativa, se frenó porque la Secretaría de Hacienda externó un veto y se pronunció “en contra” debido a que “conlleva consecuencias jurídico-presupuestarias, ya que se crean nuevas estructuras organizacionales y se amplían las facultades, por lo que para su ejecución se tendrían que destinar recursos adicionales a los que actualmente se destinan para atender el objeto del dictamen.” Otra vez se atravesó Hacienda.

CINCO. La revisión de más de 300 fideicomisos que inició la Secretaría de Hacienda en el primer trimestre de 2020 introdujo alertas en los organismos nacionales e internacional defensores de derechos humanos y de libertad de expresión porque amagaba con desaparecer el fideicomiso del fondo de protección del Mecanismo. En la Cámara de Diputados se abrió el parlamento y se formó el consenso de que sería peligroso eliminarlo y hasta el Diputado de Morena Mario Delgado, coordinador de la Junta de Gobierno aseguró que no se afectaría. Pero el 28 de septiembre la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se encaminó a extinguir 109 fideicomisos, incluyendo el del mecanismo de protección porque “se quiere transparentarlos, evitar corrupción y disponer de recursos inactivos para invertir en salud pública.”

Otra vez la mano de Hacienda a pesar de los dichos de Mario Delgado y de la promesa presidencial incluida en los anexos del segundo informe de gobierno de seguir mejorando esa instancia de protección federal.

Después de la oleada de protestas públicas de organismos defensores de derechos humanos y de algunos pocos medios y periodistas, se reculó un poco en la Cámara de Diputados, se eliminó el fideicomiso, pero se mantuvo el fondo de protección. La noche del 1 de octubre el dictamen modificado decía: “Se asigna a la Secretaría de Gobernación la administración y operación del fondo de protección… esta dependencia emitirá las reglas de operación de este fondo en consulta con la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República.”

La votación para extinguir fideicomisos en plenaria está programada para el martes 6 de octubre. Se dirá que el fondo permanece, pero nadie precisará que será sin los aumentos necesarios para atender la demanda creciente de protección.

Por esa demanda el Mecanismo necesita 501 millones de pesos en 2021 para asegurar la permanencia y atención de los protegidos actuales, para atender las demandas que lleguen el resto de este año y durante 2021 (al menos 1,700 beneficiarios) y también para iniciar la aplicación de la Ley federal en caso de Hacienda permita esa reforma.

En resumen, al iniciar octubre el Mecanismo federal de protección entró al peor escenario. Esto augura que las medidas de auxilio serán más precarias, habrá más asesinatos y vidas trastocadas entre quienes defienden derechos humanos y quienes hacen periodismo profesionalmente.

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