Algunos analistas políticos anticipan su opinión. Anticipo mi postura de apartidista político, lo que significa que no soy partidario, seguidor o simpatizante de alguna filiación política nacional o extranjera.
El título de hoy se refiere a un pasado muy reciente y el presente, al relacionar hechos sobre el abuso del poder en el gobierno. Basta recordar al gobernador que pidió ‘piso parejo’ en el presupuesto a los estados. Se dijo en su momento: “Mientras nosotros recibimos 40 centavos de cada peso que entregamos a la federación, otras entidades reciben mucho más de lo que le dan al país”.
Esto y mucho más, provocó la ira del inquilino de Palacio Nacional, que buscó su desafuero como gobernador de una entidad trabajadora, incluso se acusó mediáticamente a ese titular del ejecutivo estatal, de tener nexos con la delincuencia organizada, aunque en su momento, el acusado pasó a acusador con pruebas que fuera de tribunales o al margen del Poder Judicial, fueron desechadas. El tema: El Huachicol.
El desafuero del insurrecto gobernador no procedió porque se blindaron legalmente todos los caminos, aunque a partir del primer minuto que concluyera el mandato local, se perdería esa figura legal y entonces se corría el riesgo de ser detenido y remitido al ámbito federal donde seguro esperaban una lista larga de delitos.
Hoy, la insurrecta gobernadora, también del norte del país, casualmente del mismo partido político del exgobernador que se radicó en el vecino país, mediáticamente es amenazada con la fuerza del gobierno, igual que el sexenio pasado.
Desde luego que los motivos son diferentes a los de ayer, pero en esencia es la misma mecánica, van por el cargo que no pudieron ganar en las urnas y que incluso falló la mega manifestación que pretendieron organizarle con gente hasta de otras entidades, haciéndolos pasar por chihuahuenses, pero apenas juntaron tres mil.
Los especialistas del ámbito jurídico han sido coincidentes en que el citatorio a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tiene errores no solo de forma, sino hasta de carácter legal. Además, hay información mediática errónea cuando hablan de que la cita es en Ciudad Juárez, no en la fiscalía General de la República en la CDMX.
Además, el citatorio de la FGR habla de que va en calidad de testigo, pero le advierte que sea acompañada de su abogado porque su estatus puede cambiar. El jurista mexicano Javier Huertas Vázquez argumenta que es iniciado “…la persona de la que se sospecha que es autor, coautor, cómplice o instigador de un delito, pero no ha sido notificado por el Ministerio Público que está siendo investigado formalmente en un proceso penal.
El mismo académico afirma que “…imputado es la persona a quien se le han formulado cargos por parte del Ministerio Público ante el Juez de Garantías. La decisión de imputar cargos la toma el Ministerio Público cuando ha obtenido evidencias que, a su juicio, sean suficientes para la posible culpabilidad de un delito.
En otras palabras, para la actual gobernadora de Chihuahua la imputación que le indilguen puede ser la llave que abre la puerta de la posibilidad de defenderse de manera efectiva ante las acusaciones de hechos donde ella ha argumentado, desconocía.
En marcos comparativos la fiscal de la Nación, Ernestina Godoy, puede pretender acusar a Maru Campos de que agentes policiales del vecino país, estaban participando en la destrucción del mayor campo productor de drogas en el país, sin permiso del gobierno federal, aunque las investigaciones y acciones eran dirigidas por autoridades federales.
Además, los municipios chihuahuenses donde se encontró el narco laboratorio, son gobernados por Morena desde por lo menos tres trienios.
La encrucijada de ayer hoy se repite.
Ayer el protagonista principal huyó a Estados Unidos y este país ha hecho caso omiso de la petición de extradición del México-americano.
Hoy, es muy posible que se intente nuevamente el desafuero. ¿El precio?
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