Francamente no hay nada que celebrar que el pleno de la Cámara de Diputados haya desechado ayer la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que se trata de una victoria pírrica de la oposición porque los cambios se dará en las leyes secundarias, tal y como estaba planteado desde un principio en el denominado “Plan B” cuando legisladores del Partido de Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) anunciaron que no votarían a favor para que impedir que se tuviera la mayoría calificada y lograr la reforma constitucional.
El “Plan B” de la reforma electoral buscará eliminar el fuero a gobernadores, legisladores tanto federales como locales y alcaldes, así como también cambiar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y reducir el gasto en las elecciones, según dio a conocer el coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.
Con respecto a la eliminación del fuero constitucional a los legisladores, ya existe una propuesta del diputado Alfonso Ramírez Cuellar de Morena que podría ser tomada en cuenta para realizar los cambios necesarios en las leyes secundarias, sobre todo ahora que se logró la captura el alcalde morenista Diego Rivera Navarro de Tequila, Jalisco.
Como se recordará, Rivera Navarro, fue detenido a principios de febrero por presuntos actos de extorsión denunciados por empresarios de Tequila, Jalisco, además de tener supuestos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que de nada le valió el fuero que tenía como alcalde.
Y aunque la propuesta de cambiar la estructura del INE a través de la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Ople´s), ha propiciado fuertes debates porque desde su creación de han llevado a cabo procesos electorales sin mayores problemas en todo el país.
Algunos analistas políticos creen que permanecerán las Ople´s para dar certeza a los procesos electorales, sobre todo si se tienen ahorros en caso de que se reduzcan las prerrogativas a los partidos políticos, cuyo tema todavía sigue causando polémica.
A propósito, el presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), Juan José Ramos Charre, señaló recientemente que la reforma electoral dejó un vacío legal importante porque no contempla la cancelación de las candidaturas en caso de que se detecte un financiamiento ilegal en las campañas políticas.
Tal vez, habrá enmiendas en las leyes secundarias para evitar omisiones en la vigilancia financiera de los procesos electorales, especialmente ahora que está en marcha la llamada “Operación Enjambre” que ha logrado detectar ilícitos en varios municipios, principalmente en el Estado de México y Jalisco.
Por otra parte, pero sin dejar el tema de la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum Pardo, no debemos olvidar que llegan nuevos partidos políticos para las elecciones intermedias del 2027, como es el caso de Somos México (SM) que logró obtener su registro como partido luego de cumplir con todos y cada uno de los requisitos que marca el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
En otro tema, vaya escándalo que ha causado la decisión de la presidenta de la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal (Trife) en Guadalajara, Jalisco, Rebeca Barrera Amador, puesto que ordenó se proceda en contra de dos personas que tuvieron una conversación privada por WhatsApp, en donde hablaron mal de una funcionaria de Sinaloa.
La magistrada Barrera Amador no tomó en cuenta que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa había desechado la demanda que interpuso la funcionaria porque se trató de una conversación privada entre personas que nada tiene que ver con la política y ordenó que se procediera en contra de ellas porque supuestamente cometieron violencia política de género.
La evidencia que presentó la funcionaria fueron los mensajes que aparecieron en la pantalla de la conversación a través de WhatsApp, pero se le olvidó que se trató de una conversación privada.
La decisión de la magistrada Barrera Amador marca un mal antecedente porque ahora debe uno cuidar los mensajes que se envían a través de las redes sociales, dejando a un lado la libertad de expresión marcada en la constitución.
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