Vaya confusión que se ha creado por la pretensión que tienen las ministras Lenia Batres Guadarrama y Sara Irene Herrería Guerra, así como del ministro Irving Espinosa Betanzo para ignorar el principio jurídico conocido como “La Cosa Juzgada”, que establece que una vez una sentencia ha adquirido firmeza, no puede ser modificada ni impugnada, garantizando así la seguridad jurídica y la estabilidad de las decisiones judiciales.
La semana pasada la ministra Batres Guadarrama anunció que se reabriría el caso del crédito fiscal a la empresa Fomento Económico Mexicano, S. A. (Femsa) que data del 2011, cuando se reportó un supuesto adeudo fiscal por 2 mil 868 millones de pesos, cuya obligación tributaria ha prescrito después de 14 años.
La confusión surgió luego de que el 6 de noviembre el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la reapertura del caso con el voto en contra de ocho de sus nueve integrantes, pero una semana después la ministra Batres Guadarrama convocó a una nueva sesión que se celebró el 13 de noviembre cuando por mayoría, es decir con el voto de seis de los nueve decidieron recular y darle luz verde a la petición de realizar otra revisión.
Esta decisión provocó que las acciones de Femsa en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sufrieran una caída de 1.07%, causando una pérdida económica de 6 mil 203 millones de pesos, según varios analistas financieros.
Coca-Cola Femsa, la otra empresa de la familia Fernández Carvajal que cotiza en la BMV, finalizó la jornada con una caída de 2.24%, para cotizar en 159.50 pesos.
Al respecto, la Barra Mexicana de Abogados (BMA), que preside Ana María Kudisch Castelló advirtió que la decisión de reabrir el caso del crédito fiscal de Femsa sienta un precedente peligroso, puesto que pone en duda el principio denominada “La Cosa Juzgada” luego de que un órgano jurisdiccional pueda modificar decisiones que ya eran firmes.
Y agregó: “Esta decisión no sólo afecta a una empresa, sino también vulnera la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial”.
Cabe señalar, que la ministra Yasmín Esquivel Mossa no secundó al resto de los integrantes del pleno de la SCJN, ya que votó conforme al criterio establecido durante la gestión de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández que respeto siempre el principio jurídico conocido como “La Cosa Juzgada”.
Esquivel Mossa reconoció que se ha criticado a la SCJN que preside el ministro Hugo Aguilar Ortiz por atribuirse facultades que no tiene, como sucede con la nueva revisión del crédito fiscal de Femsa, que impulsa la llamada “ministra del pueblo” Batres Guadarrama.
Por otra parte, llama la atención que un nutrido grupo de ciudadanos victorenses haya participado ayer domingo en la “Marcha por la Paz”, puesto que indica claramente que las cifras oficiales acerca de que ha disminuido la violencia en la capital tamaulipeca resultan ser falsas.
Los participantes portaban mantas y pancartas con mensajes alusivos a la paz social que demanda la sociedad victorense, además señalaron claramente que no se trataba de una marcha organizada por algún partido político, sino más bien fue una manifestación ciudadana preocupada ante la violencia que se vive.
Ciudad Victoria ha registrado un aumento en el número de delitos, como es el caso de robos a casa habitación, de negocios y violencia familiar, que se refleja en una mayor percepción de inseguridad.
Según una encuesta reciente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Ciudad Victoria se ubica en un nivel moderado de inseguridad en comparación con otras ciudades de Tamaulipas.
Seguramente el nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Jesús Eduardo Govea Orozco, tomará en cuenta esta “Marcha por la Paz” ahora que entre en funciones a partir del próximo 15 de diciembre.
El sábado pasado Govea Orozco fue designado como nuevo titular de la FGJE con 27 votos a favor, cinco en abstención y un voto nulo en la sesión del Congreso Local.
Govea Orozco dejó en el camino a Marisol Ivette Borja Lara y a Jesús Gilberto Alarcón Benavides, que formaron la terna propuesta por el gobernador Américo Villarreal Anaya.
El nuevo titular es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), maestro en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, además cuenta con una especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
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