#Uruapan, #Michoacán.– El asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez no fue un hecho aislado. Fue la consecuencia de una cadena de omisiones, indiferencia y desdén gubernamental que terminó cobrando la vida de un hombre que se atrevió a enfrentar al crimen sin respaldo.
De acuerdo con informes de seguridad, el asesino de Manzo fue reclutado por apenas 50 mil pesos y una pistola con historial criminal. Un ataque kamikaze ejecutado en el corazón de Uruapan, mientras el edil convivía con niños durante el Festival de las Velas.
Pero la verdadera tragedia no está solo en el disparo… sino en el abandono institucional que precedió al crimen.
Carlos Manzo no cayó por casualidad: cayó después de rogar ayuda al Gobierno Federal y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Suplicó mantener los operativos de la Guardia Nacional, pidió armamento digno para su policía municipal, advirtió que los delincuentes estaban mejor armados que los agentes del Estado. Nadie lo escuchó.
Semanas antes de su muerte, los 200 elementos federales asignados a Uruapan fueron retirados “sin explicación”. Días después, el alcalde fue asesinado a quemarropa.
El mensaje es claro: quien se atreve a desafiar a los cárteles sin protección, termina solo.
Mientras tanto, desde Palacio Nacional y Casa Michoacán, los discursos hablan de “coordinación”, “estrategia” y “pacificación”. Palabras huecas frente a una realidad manchada de sangre.
Uruapan, una ciudad que alguna vez simbolizó la esperanza económica de Michoacán, hoy es territorio de cárteles, silencios y miedo. Y en el centro de esa tragedia, yace el cuerpo de un presidente municipal que murió pidiendo auxilio al mismo Estado que lo abandonó.
El gobernador Ramírez Bedolla fue abucheado en el funeral. No por la muerte de un político, sino por la muerte de la confianza.
Porque el pueblo entiende lo que el gobierno no: que el silencio, la omisión y la indiferencia también matan.
Carlos Manzo fue asesinado por una bala…
Pero lo ejecutó la complicidad del poder.
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