Por Alejandro Ceniceros Martínez.
(Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea ideológica del Partido del Trabajo.)
México, en los momentos más oscuros de la humanidad, ha estado del lado correcto de la historia. Cuando el fascismo invadía Europa, nuestro México abrió sus puertas a los exiliados republicanos españoles; cuando América Latina sufrió dictaduras, México fue refugio y voz solidaria. Hoy, ante el genocidio contra el pueblo palestino, la historia vuelve a exigirnos una postura clara, jurídica y moralmente firme.
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 suscrita por nuestro país, obliga a los Estados parte hacer cumplir su prohibición, genocidio — no es una palabra ligera ni un adjetivo político: es un crimen internacional, el más grave de todos, definido por la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico o religioso.
La diplomacia mexicana, ha sido ejemplo de dignidad. Rompimos relaciones con el régimen de Franco en España, desconocimos a la dictadura de Pinochet en Chile y dimos refugio a miles de perseguidos latinoamericanos.
Esa es la línea de coherencia que nos distingue. Pero una declaración jurídica no basta. El peso moral de México en el mundo proviene de su autoridad ética y de su historia humanista. No podemos guardar silencio ante un pueblo que está siendo destruido en tiempo real.
Solo los tribunales internacionales —la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia— pueden declarar formalmente que existe un genocidio. Pero México , como Estado soberano, tiene el deber político y moral de reconocer, denunciar y actuar frente a los hechos que presentan los elementos de ese crimen.
Ya la ONU, en diversas relatorías y cientos de organizaciones humanitarias documentaron asesinatos sistemáticos, desplazamientos forzados, bloqueo humanitario y destrucción de infraestructura vital en Palestina, por eso nuestro país debe realizar una condena activa.
El artículo 89 de nuestra Constitución faculta al Ejecutivo Federal a conducir la política exterior bajo principios de autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias y respeto a los derechos humanos. No hay contradicción entre esos principios y una postura firme contra el genocidio. Al contrario: el silencio sería una traición a todos ellos.
La historia juzga con dureza a quienes callan. Los pueblos recuerdan a los que actuaron y olvidan a los que miraron hacia otro lado. México, país de asilo, de solidaridad, de voces que gritaron contra el fascismo, no puede ahora esconderse tras las sombras del lenguaje diplomático.
Ningún Estado tiene derecho al exterminio. Defender a Palestina no es tomar partido en una guerra: es defender la vida humana frente a la barbarie.
El gobierno federal tiene la oportunidad de honrar la mejor tradición mexicana: la del humanismo activo, la de la política exterior que no se subordina al miedo ni al cálculo, sino a los principios. México debe suspender relaciones internacionales y cualquier cooperación militar o tecnológica con el Estado de Israel y promover en la ONU y la OEA medidas efectivas de sanción y prevención.
Porque el genocidio no se detiene con declaraciones tibias, sino con decisiones valientes.
Porque la neutralidad ante el exterminio también es una forma de complicidad.
Como dijo Eduardo Galeano : – El mundo se divide, sobre todo, entre indignos e indignados, y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar…-
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