La política mexicana frente al narcotráfico está transitando una etapa peligrosa: la de la negación.
Y es que mientras desde Palacio Nacional se insiste en que las estrategias avanzan y que la seguridad está bajo control, la realidad golpea con crudeza.
La entrega reciente de 26 narcotraficantes a Estados Unidos es sólo una muestra de un Estado que, incapaz de contener el poder criminal en su propio territorio, traslada el problema para ganar tiempo.
Lo preocupante es que Washington ya no compra el discurso.
El Departamento de Estado ha actualizado su alerta de viaje a México y, más grave aún, ha incorporado un concepto que cambia el tablero: terrorismo.
Esta categoría no es un mero tecnicismo. Responde a la reclasificación de DONALD TRUMP a los cárteles mexicanos y abre la puerta a justificar acciones mucho más agresivas en nombre de la seguridad nacional estadounidense.
En México seguimos atrapados en la narrativa que presume una baja en homicidios, se celebran detenciones selectivas y se aplauden acuerdos diplomáticos, pero detrás de esa fachada se esconden Culiacán sitiado, regiones enteras bajo control del narco y una institucionalidad cada vez más erosionada.
La propaganda no alcanza para cubrir lo que todos vemos.
La presidenta, con A, CLAUDIA SHEINBAUM, consciente de la presión, ha comenzado a ceder.
La colaboración de su gabinete de seguridad con la CIA, la incorporación de datos biométricos en las leyes y la entrega de capos son concesiones claras.
Pero la exigencia central de Washington, abrir procesos contra políticos y funcionarios de Morena vinculados con el crimen, sigue siendo una línea roja que el gobierno mexicano no quiere cruzar.
Pero mientras esto ocurre acá, allá, en Estados Unidos, empiezan a utilizar a sus medios como laboratorio para ir normalizando narrativas que después justifican acciones extremas.
Si la narrativa de terrorismo se consolida, el margen de maniobra del gobierno mexicano se reducirá a cero.
La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿queremos esperar a que otros decidan por nosotros el rumbo de nuestra seguridad?
Mientras en México se multiplican las cortinas de humo, en Estados Unidos se escribe un guion con consecuencias que podrían marcar una ruptura histórica.
Y todo, porque aquí seguimos aferrados a que los dichos bastan para ocultar los hechos.
En otros temas, apenas han pasado diez meses desde que ALBERTO GRANADOS FÁVILA asumió la alcaldía de Matamoros y ya se coloca entre los mejores evaluados del país.
No lo dice este espacio, lo dice la encuesta nacional de Datometría.
De acuerdo con dicho sondeo, BETO GRANADOS tiene el 65.9% de aprobación ciudadana, que lo ubica en el tercer lugar, superando a alcaldes con más tiempo en el cargo pero sin resultados palpables.
Lo interesante no es sólo el número, sino lo que hay detrás.
GRANADOS, como ya hemos dicho aquí, recibió un municipio con una deuda heredada de 180 millones de pesos, un lastre que podría haber sido la excusa perfecta para no avanzar.
Pero BETO eligió otro camino: en menos de un año regresó la policía de proximidad, ausente durante una década, rehabilitó más de 123 tuberías de drenaje colapsadas y puso en marcha apoyos económicos para estudiantes, cumpliendo lo que en el pasado fueron meras promesas.
Los adversarios, claro, no han tardado en aparecer.
Algunos políticos siguen teniendo fobia a los jóvenes que gobiernan con seriedad y resultados.
Pero los hechos son difíciles de ignorar.
BETO GRANADOS cuenta con el respaldo ciudadano, con la cercanía del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y en sintonía con la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM.
Hoy, Matamoros está en el mapa nacional por razones positivas, y eso tiene un valor enorme en un país donde la narrativa sobre las ciudades suele estar marcada por la inseguridad o la ineficiencia.
La lección es clara: cuando hay voluntad política y compromiso real, los resultados no requieren sexenios, pueden llegar en tiempo récord.
Hasta la próxima.
La RegiónTamaulipas, fundada desde 2004 con sede en Ciudad Victoria, Tamps.