Mientras que el titular de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, Sergio Iván Ruiz Castellot y el vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE) en Tamaulipas, José de Jesús Arredondo Cortés, afirmaban que Carlos Víctor Peña Ortiz estaba impedido para buscar su reelección el próximo 2 de junio, el alcalde con licencia de Reynosa no sólo dejó entrever que “había mano negra” en la disputa política que sostiene, sino también acusó a los dos funcionario de no guardar la secrecía debida en el caso.
Tanto Ruiz Castellot como Arredondo Cortés actuaron conforme a la ley porque cumplieron con una orden del Juez de Control de la Tercera Región Judicial con residencia en San Fernando, Tamaulipas, Alejandro Federico Hernández Rodríguez, sin embargo, no guardaron la secrecía que deben tener como funcionarios al compartir información privilegiada a la opinión pública.
Lógicamente que los abogados del joven Peña Ortiz, mejor conocido como “Makito”, presentarán ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que preside la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, los recursos legales en defensa de los derechos políticos de su cliente, además de las denuncias correspondientes por violar la secrecía del caso.
Y quienes están con las “veladoras prendidas” para que en forma definitiva se proceda en contra de “Makito” son los diputados locales que fueron engañados por el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena en Tamaulipas, Mario Llergo Latournerie, puesto que tienen la esperan de que entre alguno de ellos sea nominado para la renovación de la alcaldía de Reynosa.
Me refiero a los diputados locales Humberto Prieto Herrera, Magaly Deándar Robinson, Marco Gallegos Galván y Armando Zertuche Zuani, así como también el líder de Avanzada Tamaulipeca en Reynosa y la región, el joven Luis Miguel Iglesias Elizondo.
Vamos a esperar el desenlace de este embrollo que se ha formado en torno a la situación jurídica de “Makito”, pero todo indica que será hasta el próximo 14 de abril cuando concluya el plazo que tienen las autoridades electorales para avalar o rechazar los registros de los contendientes en la elección local del próximo 2 de junio en la entidad.
En otro tema, la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en colaboración con el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Tecnológico Superior de Abasolo (ITESA) Guanajuato, llevan a cabo el 3° Seminario Interinstitucional de Criminología Verde en México, que se inició el pasado 13 de febrero y concluirá el próximo 3 de mayo.
El seminario es coordinado por los doctores Inés Arroyo Quiroz, de la CRIM-UNAM, José Luis Carpio Domínguez de la UMARA-UAT y Jesús Ignacio Castro Salazar del ITESA Guanajuato, quienes imparten sus cátedras martes y jueves de 10.00 a 13.00 horas a través de los canales de difusión de las instituciones educativas que representan.
La UAT ha promovido los espacios institucionales y académicos para difundir la importancia de la “criminología verde” a fin de contribuir a la solución de los principales problemas socioambientales que hay en México, como es la deforestación, el tráfico ilegal de la vida silvestre, la contaminación de los ecosistemas, entre otros excesos que amenazan la vida del planeta.
El doctor Carpio Domínguez publicó el libro “Criminología verde para México: Desarrollo de una perspectiva verde en la herencia criminológica mexicana”, en donde denuncia la falta de interés gubernamental para frenar la devastación ambiental y propone acciones para el cuidado de los ecosistemas para el beneficio de la población.
Los participantes en el seminario recibirán una constancia por sus aportaciones realizadas en cada una de las sesiones, así como también por la presentación de propuestas que mejoren las políticas ambientales de nuestro país para el cuidado del planeta.
Por último, la gobernadora Layda Sansores Sanromán de Campeche enfrenta una dura crisis social por defender a su amiga Marcela Muñoz Martínez, quien aún sigue como titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana a pesar de que un grupo de mujeres policías sufrieron agresiones por acudir sin el equipo necesario para enfrentar el amotinamiento, incluso cada día sube el tono del reclamo ciudadano que pide un juicio político en contra de ella.
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