Con el apoyo de la diputada Linda Mireya González Zúñiga del PAN, se aprobó ayer por unanimidad la iniciativa de reforma enviada por el gobernador Américo Villarreal Anaya para revertir las atribuciones que se le habían conferido a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) el pasado 30 de junio, por lo que la Secretaría General de Gobierno recobra el mando del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad (SESESPE), en tanto que la Secretaría de Finanzas tiene ahora nuevamente bajo responsabilidad la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE).
No es la primera vez en que una diputada del PAN deja a un lado el interés partidista y cumple con su deber de apoyar una iniciativa de reforma en beneficio de la sociedad tamaulipeca, como sucedió recientemente con la legisladora Sandra Luz García Guajardo, quien respaldo la propuesta de Morena para tener más facultades para transparentar la operación administrativa de Comapas y Juntas de Agua que son consideradas como las “cajas chicas” de los políticos en turno.
Ahora que la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Héctor Villegas González, recobró el mando del SESESPE que incluye el C-4 y C-5 no habrá pretextos para mejorar la vigilancia en toda la entidad, sobre todo en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, en donde se han reportado la desaparición de tres mujeres en lo que va este mes.
El secuestro de las tres mujeres ha causado alarma entre las organizaciones civiles y empresariales del sur de la entidad, entre las que se encuentran Colectiva Feminista Tamaulipeca y Colectiva Mujer Manglar, cuyas dirigentes Nuri Romero Santiago y Martha de la Cruz López, respectivamente.
Las activistas organizaron el pasado miércoles una marcha de protesta en Tampico para denunciar las desapariciones de Cynthia de 23 años, Dana de 17 años y Jazmín de 16, sin que hasta el momento se tenga alguna información por parte de la Fiscalía Especializada en Investigación de Desaparición Forzada.
Incluso la diputada local Alejandra Cárdenas Castillejos, solicitó que se agilicen las investigaciones en torno a estas desapariciones en respuesta a las demandas de las organizaciones feministas del sur de la entidad.
De igual forma, ahora que la titular de la Secretaría de Finanzas, Adriana Lozano Rodríguez, recobró la UIFE deberá canalizar los recursos necesarios para mejorar la seguridad, sobre todo transparentar que han aportado los empresarios a través del Impuesto Sobre Nóminas (ISN).
Debe de dar respuesta al dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Victoria, Eduardo Salmán Orozco, quien reveló que se han recaudado mil 200 millones de pesos del ISN en el último año, cuyos ingresos fiscales deben de ser etiquetados para la seguridad pública.
Salmán Orozco señaló que el sector empresarial hizo un esfuerzo adicional cuando se creó el fideicomiso para mejorar la seguridad pública, puesto que el ISN se incrementó del 2% al 3% precisamente para tener los recursos necesarios y recobrar la paz social que demanda la sociedad tamaulipeca.
En otro tema, continúa el encarecimiento de la canasta básica en perjuicio del poder adquisitivo de la población, según el último reporte del Banco de México (Banxico) que prevé una inflación superior al 7.7% en el 2022, además prevé que en el primer trimestre del 2023 se ubique en 8.1%.
Por su parte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que varios productos se han encarecido, como es el caso de varios productos de la canasta básica, entre los que se encuentra las tortillas, el pan, la leche, la carne, el pescado, el pollo y verduras.
La Anpec coincide con el pronóstico de Banxico y prevé que estos productos se encarezcan en el 2023 a pesar de que la administración de López Obrador negoció con las cadenas de supermercados el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).
Ni siquiera el subsidio a las gasolinas ha logrado detener la galopante inflación que ahoga la economía popular, cuyo apoyo se prevé que ascienda a 400 mil millones de pesos en el 2022.
Por otra parte, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados pretendió nuevamente “agandallar” a la oposición, ya que busca promover a tres personas plenamente identificadas con la 4° Transformación para integrar el Comité Técnico de Evaluación que elegirá a los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituirán a Lorenzo Córdoba Vianello, Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón, cuyas gestiones concluirán en abril del 2023.
La integración del Comité de Evaluación debió quedar integrada desde el pasado miércoles 21 de diciembre, según la convocatoria, sin embargo, la mayoría de Morena ha retrasado la integración porque busca designar a María Socorro Puga Luévano, Ernesto Isunza Vera y Genaro Góngora Pimentel.
La señora Puga Luévano es militante de Morena desde el 2014, además fue candidata regidora en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en tanto que Isunza Vera se ha distinguido por publicar en sus redes sociales ataques en contra de quienes han defendido la autonomía del INE.
Aunque el exministro Góngora Pimentel se ha alejado de la vida pública desde que dejó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ha identificado plenamente con la política de López Obrador.
Y antes de concluir la presente colaboración, deseo que los lectores de esta columna pasen una feliz navidad, cobijados con el cariño de sus respectivas familias y que el 2023 sea un año pleno de salud y prosperidad.
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