México, a 22 de septiembre de 2022.- Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la pesca ilegal afecta la economía de las y los pescadores que sí cumplen con la reglamentación y que su gobierno está tomando acciones para atender esta problemática. De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), el 40 % de la pesca en nuestro país es ilegal.
Al respecto, Oceana, organización dedicada exclusivamente a la protección de los océanos, señala que, si bien existen esfuerzos para combatir la pesca ilegal, se necesita una Norma de Trazabilidad de Pescados y Mariscos para fortalecer al sector pesquero mexicano y erradicar la pesca ilegal que pone en riesgo a más de 300 mil pescadores ribereños, así como la abundancia de los mares mexicanos.
Mariana Aziz, Directora de Transparencia en Oceana, destacó que: “Un Grupo Multisectorial de Trabajo Técnico (donde participaron diversos representantes del sector pesquero, autoridades y Organizaciones de la Sociedad Civil) desarrolló un Proyecto de Norma de Trazabilidad de Pescados y Mariscos (NOM-038-SAG/PESC-2021), este borrador, desde marzo de 2021, está listo y a la espera de la aprobación de Conapesca.”
La Norma de Trazabilidad es indispensable para conocer el recorrido del producto pesquero desde que se captura hasta que llega a nuestra mesa. Con esta información cerraríamos la puerta a la pesca ilegal y favoreceríamos a las y los pescadores que cumplen con las reglas. Además, evitaríamos la sobreexplotación de especies pesqueras o en peligro de extinción.
Oceana hace un llamado al presidente López Obrador para que se apruebe la Norma de Trazabilidad de pescados y mariscos, que se encuentra detenida desde hace 18 meses por el titular de la Conapesca, Octavio Almada.
En su conferencia mañanera, el presidente señaló también que se están dando apoyos directos a 100 mil pescadores ribereños, frente a esto, Oceana enfatiza que sin una Norma de Trazabilidad que dé a las y los pescadores mejores oportunidades en el mercado no habrá apoyos gubernamentales que alcancen para atender a los más de dos millones de personas que dependen de la pesca, directa e indirectamente.
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