Conflictos por el uso del agua en Chihuahua y Sonora, y precio insuficientes de cosecha de maí­z en Sinaloa

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Históricamente las comunidades yaquis han sufrido despojos y explotación

Productores del campo de Chihuahua, Sonora y Sinaloa atraviesan por una etapa de conflicto con el gobierno federal, debido a incumplimiento de compromisos por reducción de presupuesto federal, apoyos a la comercialización y el sentir de agricultores de abuso por una mala administración del agua almacenada en presas chihuahuenses.

Los agricultores del estado más grande de México (cabrí­an en su territorio juntas España, Francia y Portugal) acusan a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a cargo de la doctora Blanca Jiménez, por el trasvase de tres presas muy importantes para la agricultura no sólo de esta entidad, sino de Coahuila y Tamaulipas, con el propósito de “abonar” el resto de poco más de 500 millones de metros cúbicos que se “adeudan” a Estados Unidos.

A nivel de gobiernos, México y EU establecieron un convenio, en 1944, por conducto de la Comisión Internacional de Lí­mites y Aguas (CILA) relacionado

con el intercambio del vital lí­quido, de acuerdo con las necesidades de cada paí­s, para usos agrí­colas, potables y alumbrado.

Por una parte, nuestro paí­s recibe unos mil 824 millones de metros cúbicos por el rí­o Colorado para atender necesidades de agua potable y riego agrí­cola en Baja California. Y por otra, México repone esa cantidad de las presas Francisco I. Madero, Luis L. León y la Boquilla, de los municipios de Delicias, Aldama y San Francisco de Conchos, las tres de Chihuahua, en entregas distribuidas a lo largo de cada año.

La causa de impedir el trasvase de las presas mexicanas, es justa por parte de los agricultores chihuahuenses. Lo malo y motivo de su protesta, estriba en que este vaciado se realiza sin aviso previo de CONAGUA y con un autoritarismo excesivo por parte de miembros del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional que, sin decir ¡aguas! impidieron la toma de oficinas y manifestaciones en cruces fronterizos.

Es posible que, a través del diálogo, se pueda llegar a un acuerdo, como se ha solventado en años anteriores. Sin embargo, el temor de los agricultores, es en el sentido de que no tengan agua para sus labores agrí­colas del ciclo otoño-invierno 2020-2021.

La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó sus tradicionales giras de trabajo por Sonora y Sinaloa. En la primera entidad, sostuvo una reunión de trabajo con los gobernadores de ocho pueblos yaquis, a quienes ofreció la formación de la Comisión de Justicia para devolverles sus tierras y más agua para riego, junto con la desviación de un gasoducto que atraviesa esas comunidades. Esto fue una promesa que, si se realiza, “va a salir más caro el caldo que las albóndigas”.

Históricamente las comunidades yaquis han sufrido despojos, explotación y abandono de parte de sucesivos gobiernos, incluso desde el ´porfiriato´, cuando sistemáticamente envió a una gran cantidad de mexicanos de esas etnias, exiliados a la pení­nsula de Yucatán. Trabajaban en condiciones de esclavos en las grandes haciendas henequeneras.

El ofrecimiento de López Obrador en estos tiempos de pandemia, no fue nuevo ni más allá de promesas de restitución de tierras y más agua. Lo

mismo que les ofreció en su tiempo el presidente Luis Echeverrí­a, sin que las cosas hayan cambiado después de que han pasado siete presidentes de la República, y ocho con el actual.

Y finalmente el mandatario visitó Sinaloa. Allí­ la petición de los agricultores y ejidatarios se centró en la exigencia de precios justos por las cosechas de maí­z y estí­mulos en el proceso de comercialización, por parte de SEGALMEX. En esta entidad, el cultivo de maí­z se ha convertido en la principal fuente de actividades e ingresos de los trabajadores del campo.

Los campesinos sinaloenses han demostrado ser capaces de levantar más de 6 millones de toneladas de maí­z blanco para las tortillas que consumimos todos los mexicanos. Lo grave es que les ofrecen un precio de garantí­a de 4,600 pesos la tonelada, y solamente les pagan 3,500 o menos. Está bien que levantan hasta 10 o 12 toneladas por hectárea, pero es su trabajo y esfuerzo. Allí­ el presidente López Obrador les ofreció un subsidio para el maí­z. No, ellos no lo necesitan, porque su productividad les permite un buen ingreso. Sólo piden que les paguen lo ofrecido, y ya.

 

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