Intervención de la diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

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La piraterí­a afecta el bienestar social al inhibir ingresos al Presupuesto público, evadir impuestos y fortalecer actividades del crimen organizado, generando así­ más violencia.

Cd. de México, 30 de Junio del 2020. – Para las diputadas y los diputados del grupo parlamentario del PRI, es fundamental construir un marco jurí­dico moderno y adecuado para combatir con mayor eficacia el delito de piraterí­a, debido al gran daño económico que genera para nuestra economí­a, y por supuesto, en el marco de la adecuación de nuestro marco legal a los compromisos adquiridos por México, debido a la entrada en vigor del T-MEC.

La piraterí­a afecta el bienestar social al inhibir ingresos al Presupuesto público, evadir impuestos y fortalecer actividades del crimen organizado, generando así­ más violencia.

La Organización Mundial de Comercio, la define como la reproducción no autorizada de materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual, como derecho de autor, marcas de fábrica o de comercio, patentes, indicaciones geográficas, etcétera, hecha con fines comerciales, y comercio no autorizado de los materiales reproducidos.

La piraterí­a es un problema internacional que afecta a los productores de música, pelí­culas, videojuegos, programas de computación, accesorios de vestir, entre otros.

No solo afecta las economí­as nacionales o de las grandes empresas, también son afectadas la mediana y pequeña industria, por lo que no solo puede considerarse como un problema privado ya que se ha transformado en una amenaza económica también para los Estados naciones.

En la actualidad la penetración de productos falsificados en la internet es tal, que la mitad del comercio pirata se lleva a cabo en lí­nea, y la otra mitad en los canales tradicionales.

Hasta 60 por ciento de lo que se vende ví­a web, es o puede ser falso, según sea el producto, demanda, oferta o precio más bajo.

 

En nuestro paí­s, como se ha mencionado aquí­ anteriormente, se calcula que este delito tiene un impacto de más de 43 mil millones de pesos anuales en evasión fiscal.

Por lo que coincidimos con la propuesta que nos enví­a la Cámara de Senadores, ya que existe una urgente necesidad de reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual en nuestro paí­s, para así­ mostrar nuestro reconocimiento a las y los creadores e innovadores por su trabajo y esfuerzo y para inhibir las conductas delictivas.

Las legisladoras y los legisladores del PRI, queremos un marco legal coherente y alineado realmente con los alcances del T-MEC.

Por ello, nos llama la atención las modificaciones al artí­culo 426 del Código Penal en donde resulta necesario adicionar el dolo, como elemento de la descripción tí­pica para aquellos que distribuyan o ayuden a distribuir señales encriptadas de satélite, portadoras de programas, como lo señala el artí­culo 20.86, fracción b, del propio Tratado.

Por otro lado, como ayer se señaló en el Senado de la República, es necesario discutir más a fondo las excepciones de los nuevos tipos penales que se están agregando a este Código.

Retomamos aquí­ la propuesta de la senadora del PRI, Claudia Anaya Mota, de discutir más a fondo este tema e impulsar un Parlamento Abierto en un segundo momento, por supuesto, que permita definir de mejor manera las excepciones penales, a romper candados digitales, ante un ámbito tan cambiante como son estas tecnologí­as.

Asimismo, para armonizar las excepciones que sí­ se contemplan en la Ley Federal de Derechos de Autor. De no hacerlo así­, se podrí­a caer en el absurdo que por la misma conducta alguien sea exonerado en ámbito administrativo, pero sea hallado culpable en ámbito penal. Por lo que también, estamos presentando por escrito, las reservas al efecto.

En el PRI, estamos a favor de la protección de la propiedad intelectual y de los derechos de autor.

Apoyamos el combate eficaz de la piraterí­a que tanto daño ocasiona a la economí­a, y que propicia impunidad y violencia.

Estamos comprometidos con generar un mejor marco legal que otorgue certidumbre a la inversión, y no que la destruya como ha sucedido con diversas actuaciones de la actual administración, por ejemplo, en el sector energético o en la cancelación de plantas cerveceras.

También al comercio, para que genere una reactivación económica que ahorita en este momento tanto necesitamos.

Por lo cual, estaremos votando a favor del presente dictamen, de la presente minuta que se está discutiendo, y siendo estas adecuaciones que hoy apoyamos parte fundamental de este instrumento de recuperación y reactivación económica, que sobre todo, como ya se dijo, debe brindar certeza jurí­dica a los sectores productivos protegiendo marcas y productos, para continuar fomentando una cultura de menor delincuencia y de menor violencia.

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