Por donde quiera que se vea, exteriorizar la preocupación para lograr que el gobierno de la República mejore las participaciones que hace llegar a las entidades del país y los municipios, es válida, de tal forma que, hasta podría quedar como una ventaja que las administraciones locales se queden para el 2020 con una cantidad semejante lograda en este 2019.
Obvio, nada peor que saberse sin un aumento considerable del presupuesto, dado que, los insumos para que las administraciones estatales y municipales funciones, son más caros, por tanto, de no mejorar las participaciones, sus expectativas para llevar a cabo más acciones a favor de los ciudadanos, se reducen.
Por lo pronto, de acuerdo al proyecto de presupuesto federal que fue presentado por los funcionarios dela Secretaria de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados considera un gasto federalizado para el 2020 por 1.97 billones de pesos, mismo que, en términos reales, es menor en un 0.5 por ciento, respecto al del año pasado.
En cada concepto de ese gasto federalizado, hubo reducciones, en unos más que otros, pero, están plasmadas, por ejemplo, se reducen en 0.9 por ciento las participaciones, 0.2 por ciento en aportaciones, 1.7 por ciento en protección social y 0.3 por ciento en el rubro de convenios.
Aquello que sí aumenta son los recursos como Ramo 23 que provienen de los derechos de extracción de petróleo crudo, el Fondo Metropolitano, el Regional y los subsidios que se entregan directo a las entidades para impulsar el desarrollo regional, este incremento fue del orden del ocho por ciento, sin embargo, pero, de alguna manera poco o nada tiene que ver con el llamado gasto federal, porque se trata de dinero que proviene de otras fuentes que no son los impuestos.
Cuándo se habla de la reducción de casi el uno por ciento a las participaciones, pega duro a las entidades y los municipios, porque son dineros que pueden ejercer con libertad, de acuerdo a las necesidades que ellos detectaron.
Del análisis realizado por expertos al proyecto de presupuesto para el 2020, hay consideraciones en el sentido de que, las reducciones obedecen a que no hay buenos augurios sobre la recaudación, es decir, podría ser menor que la de este año debido a la crisis advertida por miles de ciudadanos.
Es más hasta se cree que la recaudación federal participable, podría llegar a los 3.4 billones de pesos, que sería una reducción de medio punto porcentual respecto a la que se alcanzará este año, de ahí que la posibilidad de que el presupuesto sea mayor son remotas.
El Ramo 33 es el tipo de recursos que la Federación envía a estados y municipios para atender financiar la educación básica y normal, combate a la pobreza, asistencia social, fortalecimiento de las entidades y los municipios, seguridad pública, infraestructura educativa, salud y educación tecnológica y de adultos, de los cuales solo estos dos últimos tienen tendrán un aumento en recursos para el 2020.
Que haya preocupación en las entidades y los municipios, claro que la hay, porque según datos del 2018, más del 80 por ciento del financiamiento que tienen ambos niveles de gobierno, proviene de las participaciones previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que son entregadas en forma calendarizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, sí que, con menos del 20 por ciento del dinero que obtienen entidades y municipio como ingresos propios, no les servirán para cumplir con los programas y compromisos creados para el desarrollo de las ciudades y comunidades.
Es indispensable que, en la Cámara de Diputados, los representantes de las entidades y desde de los municipios, volteen a ver las necesidades de sus terruños y se empleen a fondo para evitar los moches a los recursos, porque la única manera de afrontarlo es reducir el alcance de los programas y eso creará una gran inconformidad en la población.
Mayor aún que lo sucedido con el retiro de los apoyos a las guarderías comunitarias que operaban con recursos de la ex SEDESOL, la reducción de las becas en las escuelas y los apoyos para las personas que están en condición de vulnerabilidad.
Los otros
El alcalde de Victoria, Xicoténcatl González Uresti, dio a conocer aquello que hizo en el primer año de su administración en beneficio de los habitantes de la capital.
La parte que más atención tuvo de la ciudadanía, es el compromiso de que, el desabasto de agua para uso y consumo humano se resolverá pronto y que, se mantendrá el trabajo para atender el tema de los servicios públicos.
Este martes fue el informe del presidente municipal de Tampico, Jesús Nader Nasrallah y al parecer los datos presentados fueron validados por sus gobernados.
Así, poco a poco, los alcaldes de Tamaulipas, cumplen con las previsiones existentes el Código Municipal de informar el estado que guardan las administraciones que tienen en sus manos, tras la determinación de las personas para que despachen en los Ayuntamientos, vía el voto libre y secreto emitido en las urnas.
Por su lado, la presidenta del IETAM, Mtra. María de los Ángeles Quintero Rentería estuvo en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, para asistir al primer Foro, Diálogos sobre una posible Reforma Electoral, que fue organizado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Se trató de trabajar en cuatro mesas temáticas, en las cuales se analizarán aspectos como eficacia, inversión y costo de las elecciones en México, el financiamiento de la democracia, el sistema de fiscalización de los recursos públicos que se destinan a las elecciones y el uso de los recursos para este fin.
Solo debe esperarse que los Foros con sus mesas de trabajo se conviertan en las armas adecuadas para defender la persistencia de los órganos electorales, en el entendido de que, su tarea está bien hecha desde hace mucho tiempo y que, la inversión para la democracia la mejor comprendida en los Presupuestos de Egresos de la Federación y los de la entidades del país.
Hace unos días surgió una idea que podría revolucionar la conservación de las calles de la capital de Tamaulipas, esto es, la inclusión en la Ley de Ingresos de los municipios un pago de derechos por la apertura de zanjas para nuevas tomas de agua y drenaje, así como, la obligación de quienes se benefician con la incorporación a las redes de agua y drenaje, de reparar con concreto las aberturas que se hacen en los pavimentos para y de no realizarlo en los 15 día siguientes al pago del derecho para la excavación, que se apliquen multas por el doble del valor de la reparación de las calles.
Infinidad de calles en Victoria están en pésimas condiciones, porque las personas destruyen el pavimento, incluso en muchas ocasiones recién reparado, para conectarse a las redes de agua y drenaje, quedándose así por meses y años, sin que nadie les diga nada a los causantes del destrozo.