El consejero Ciro Murayama Rendón, integrante de la Comisión de Presupuesto del INE, advirtió que en caso de que se concrete el recorte de 950 millones de pesos no podrán participar en la organización de las elecciones locales en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, que están programadas para el 2 de junio de 2019.
Explicó que los recursos son necesarios para contratar a capacitadores y asistentes electorales, además de visitar a 1.1 millones de ciudadanos en sus casas u oficinas que luego fungirán como funcionarios de casillas, entre otras actividades de trabajo operativo que requiere una inversión de 619 millones de pesos.
Reveló que el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, se encuentra negociando con las autoridades federales a fin de lograr el presupuesto necesario para la organización del procesos electoral en los 5 estados que tienen elecciones locales en el 2019.
Y hablando del Consejo General del INE, hoy se celebrará una reunión en la sede del organismo en la Ciudad de México para la designación de un presidente provisional del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), luego de la renuncia de Miguel Ángel García Castillo el pasado mes de diciembre.
La presidencia provisional podría quedar entre las consejeras María de los Ángeles Quintero Rentería, Nohemí Argüello Sosa, Deborah González Díaz e Italia Aracely García López, sin descartar la posibilidad que tienen los consejeros Oscar Becerra Trejo y Jerónimo Rivera García.
También se aprobará la Convocatoria para elegir a la sucesora o al sucesor de García Castillo en la presidencia del IETAM, cuyo proceso de designación podría realizarse en los primeros días de mayo, según reveló el presidente de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, Manuel Trujillo Trujillo.
De regreso a la advertencia que hizo ayer el consejero Murayama Rendón, no hay duda que la política de austeridad de la administración de Andrés Manuel López Obrador ha trastocado diversas actividades públicas, como es el caso de la organización de las elecciones locales en 5 estados del país.
Al respecto, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría Treviño, alertó acerca del peligro de abusar de la política de austeridad del gobierno federal, ya que la reducción de salarios de los servidores públicos no sólo podría volver más ineficiente el aparato burocrático, sino también propiciaría que busquen otros ingresos para poder enfrentar los gastos de sus familias.
Gurría Treviño señaló que el reto de la administración de López Obrador es encontrar el equilibrio entre el recorte de los salarios de los funcionarios públicos y la integridad en su desempeño.
A propósito, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron recortar sus salarios en un 25% con respecto a los ingresos que tuvieron en 2018, sin embargo ganarán más que el presidente López Obrador, quien tiene un ingreso mensual de 108 mil pesos.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PREF) 2018, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de diciembre de 2017, un ministro de la SCJN recibe 6 millones 938 mil 234 pesos anuales brutos, es decir antes de impuestos y otras deducciones.
El total anual anterior se desglosa de la siguiente manera: 4 millones 734 mil 537 pesos por concepto de sueldos y salarios, además de un millón 341 mil 474 pesos por prestaciones y 853 mil 223 mil pesos por riesgo laboral, cuya prestación la reciben todos los funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) por la complejidad de sus actividades cotidianas.
En contraste, los funcionarios de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), que preside Alejandro Díaz de León Carrillo, presentarán un amparo en contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos ante la SCJN, puesto que no están de acuerdo con la política de austeridad gubernamental.
Durante la presentación del Programa de Impulso Financiero, celebrada ayer en el “Salón Tesorería” de Palacio Nacional con la presencia de funcionarios de Banxico y de la Comisión Nacional Bancaria (CNB), López Obrador insistió en la necesidad de reducir los salarios exagerados de los servidores públicos.
¿Le harán caso, como lo hicieron los magistrados de la SCJN?