Por Leopoldo Hernández|el economista
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que el replanteamiento de la Guardia Nacional es una respuesta parcial e incompleta a la problemática de inseguridad y violencia que enfrenta nuestro país.
“Generaría el riesgo de que se vulneraran derechos humanos, no garantizaría en modo alguno o contribuiría por sí misma de manera sustantiva a que se acabara con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanosâ€, señaló.
En un posicionamiento el organismo nacional insistió en que no se opone a la participaciónâ€temporal y extraordinaria†de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sin embargo subrayó que esta se debe regular de forma objetiva y pertinente.
La CNDH externó su preocupación en que el eje de la política en materia de seguridad, se centre en la Guardia Nacional, conformada en su mayoría por elementos de las Fuerzas Armadas y con adscripción administrativa a las mismas, lo que contraviene a lo previsto actualmente en la Constitución y a criterios internacionales en el sentido que las tareas de seguridad pública deben estar a cargo de autoridades civiles.
“La Guardia Nacional como se plantea no garantiza justicia, en todo caso una disuasión o
contención que tienen efectos limitados y de corto plazo. Además de que confiar en el uso de la fuerza como recurso principal genera un gran riesgo de que se presenten o propicien violaciones a los derechos humanosâ€, dijo.
El organismo enumero que entre las ambigí¼edades e imprecisiones que contiene la reforma constitucional, destacan la potestad que se otorga a la Guardia Nacional para preservar el orden y la paz pública, lo que puede ser utilizado con discrecionalidad y generar violación de garantías y libertades básicas.
Además de que no se establece cómo se desarrollarán las policías civiles, el destino y papel de las que en la actualidad operan y los términos de coordinación entre instancias de los tres niveles de gobierno, así como con los Ministerios Públicos.
“De igual forma, la iniciativa es omisa en precisar los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y supervisión externa a los que tendría que estar sujeta la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones, los cuales, necesariamente, tendrían que ser de carácter civilâ€, refirió.
La CNDH indicó que es deseable que un grupo de análisis especializado y plural revise la evidencia objetiva sobre la viabilidad de la reforma que se busca, a fin de que con sus aportaciones se construya un esquema de seguridad pública, reconociendo la temporalidad de las tareas de las Fuerzas Armadas, contemplando un plan de retorno gradual de las mismas a sus propias tareas y el fortalecimiento de las policías e instituciones civiles.