El Poder Judicial de Tamaulipas reactivó más de 500 expedientes relacionados con delitos graves y notificó a la Fiscalía sobre miles de órdenes de aprehensión pendientes de ejecución que mantenían procesos suspendidos.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Poder Judicial de Tamaulipas inició la reactivación de cientos de expedientes penales que permanecían sin movimiento, principalmente relacionados con delitos de alto impacto como homicidio y secuestro.
La magistrada presidenta, Tania Gisela Contreras López, informó que más de 500 asuntos fueron retomados tras el proceso de reorganización derivado de la concentración de juzgados penales tradicionales en una sola instancia estatal.
Además, reveló que la institución notificó a la Fiscalía General de Justicia sobre alrededor de 2 mil 500 expedientes que continúan suspendidos debido a órdenes de aprehensión que aún no han sido cumplimentadas.
La titular del Poder Judicial explicó que el propósito es revisar el estatus real de cada procedimiento y conocer por qué permanecieron detenidos durante tanto tiempo.
Indicó que entre las posibles causas se encuentran la no localización de imputados o incluso el fallecimiento de algunas personas involucradas, aunque aclaró que corresponderá a la Fiscalía determinar las razones específicas en cada caso.
Contreras López también abordó el tema de la nueva Ciudad Judicial en Ciudad Victoria y señaló que el proyecto fue rediseñado para concentrar juzgados y áreas de atención ciudadana en un solo espacio, mientras oficinas administrativas permanecerán en instalaciones alternas.
La magistrada reconoció además un problema importante de saturación de archivos judiciales acumulados durante décadas, situación que actualmente se atiende mediante procesos de depuración documental conforme a los lineamientos legales.
Precisó que únicamente se conservarán documentos esenciales dentro de los expedientes, descartando archivos innecesarios para optimizar espacios y facilitar la operación judicial.
Finalmente, confirmó que actualmente existe un solo funcionario separado de su cargo mientras se desarrolla un procedimiento de responsabilidad administrativa dentro del Poder Judicial estatal.
















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