Después de que el anterior Poder Judicial estableció polémicos blindajes jurídicos, por la vía de los amparos, para frenar la acción penal de la Fiscalía General de la República, contra el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, hoy la nueva Suprema Corte, está atrayendo este caso.
No se trata de un asunto cualquiera, sino de uno de los temas que más se ha ventilado en los medios informativos del país. Y existen versiones tanto a favor como en contra. De acuerdo a lo que hasta ahora se ha visto, la cuestión se plantea de la siguiente manera.
Para un pequeño grupo de abogados contratados ex profeso por quien gobernó el estado, durante el periodo 2016-2022, Cabeza de Vaca es inocente, y mantienen la versión de que es un perseguido político, una narrativa cada vez más debilitada. Y mayormente ahora con un Poder Judicial emanado del voto ciudadano.
Frente a esta posición, se erige el señalamiento de la Fiscalía General de la República, asegurando, pruebas de por medio, que Cabeza es culpable de los delitos de delincuencia organizada, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Son estos dos posicionamientos los que hoy están en juego, en lo que será, sin duda, uno de los primeros veredictos de un nuevo Poder Judicial, emanado del voto popular.
El máximo órgano de justicia del país, presidido por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, está ejerciendo su facultad de atracción, para conocer el amparo interpuesto por la FGR contra quienes emitieron un fallo a favor de proteger a Cabeza. En su momento se sabrá si dicho recurso no procede, o bien le otorgan la razón a la fiscalía, y dan luz verde para que el texano-reynosense sea detenido.
De activarse la orden de aprehensión contra el ex gobernante estatal, estaríamos ante un hecho que confirmaría el patrón que han seguido hasta hoy, los políticos más recientes que han ejercido el poder en nuestro estado.
Para quienes creen en el tema esotérico, no son pocos los que comentan que el karma estaría alcanzando al empresario TEX-MEX, luego de que durante su sexenio, fue detenido y encarcelado el ex gobernador Eugenio Hernández Flores.
Desde el ángulo de las repercusiones políticas, las derivaciones de una posible orden de captura, podrían generar importantes reacomodos en la actual estructura estatal del Partido Acción Nacional, actualmente en manos de personeros cabecistas.
Y en consecuencia, las réplicas de este sismo político en el estado, afectarían hasta la misma sucesión tamaulipeca, pues es muy probable que el o la candidata cabecista para el 2028, podría ser sustituida o sustituido, dado el derrumbe que se daría, al colapsarse esta corriente, hasta hoy preponderante en el PAN.
Lo que no está en duda, es que la severa crisis por la que atraviesa el panismo-cabecismo, favorece la posibilidad de que personajes como el político y empresario tampiqueño Jesús Nader, fortalezcan sus aspiraciones a gobernador por los colores del PAN, lo cual se daría por la vía de un movimiento amplio e incluyente.
Llama la atención que, la decisión de atraer de nuevo el caso Cabeza de Vaca, en lo que se perfila como un espectacular viraje de carácter judicial, muy diferente a lo que hasta ahora se había dado, fue decidido por el voto mayoritario de cuatro ministras y un ministro. Hablamos de prestigiadas personalidades del derecho.
Veamos sus nombres y su historial profesional:
Sara Irene Herrerías Guerra: licenciada en derecho por la UNAM, con una especialización en derecho penal y con maestrías en derecho y en criminología. Es además doctora en Ciencias Penales y Política Penal. Antes de asumir como ministro del nuevo Poder Judicial, fungió en el área de derechos humanos de la Fiscalía General de la República.
Lenia Batres Guadarrama: licenciada en derecho por la universidad Humanitas, con maestría en derecho penal, maestría en gestión pública y candidata a un doctorado.
Loreta Ortiz Ahlf: licenciada en derecho, egresada de la Escuela Libre de Derecho, con una maestría en derechos humanos, por la universidad Iberoamericana, un doctorado en derechos humanos y derecho comunitario europeo. Catedrática de la Ibero y de la Escuela Libre de Derecho.
Irving Espinosa Betanzo: licenciatura y maestría en derecho por la UNAM. Cuenta con una maestría en gestión pública, y un doctorado en administración pública. Ex magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, presidió la sección especializada en anticorrupción, además de más de cinco altos cargos en el ámbito de la justicia.
María Estela Ríos González: tiene una licenciatura en derecho por la UNAM, una maestría en ciencias políticas y sociales, un doctorado en derecho laboral. Ha impartido la materia de derecho procesal en la Universidad Metropolitana. Ex consejera Jurídica del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.
POSDATA.—Probablemente enterado de que la justicia mexicana va por él, el ex gobernador de filiación panista, ha estado cabildeando recientemente en entrevistas a distancia con periodistas de la CDMX. En honor a la verdad, se trata de entrevistas a modo. Habrá que ver cual es el veredicto del nuevo Poder Judicial.
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