1.- Finalmente los productores del valle de San Fernando y el norte de Tamaulipas decidieron cerrar el paso a la circulación de todo tipo de vehículos en la carretera Ciudad Victoria – Matamoros.
También hicieron lo mismo en el acceso al puente internacional Reynosa – Pharr, como medidas de presión, para que se les autorice la entrega de un apoyo económico compensatorio, el precio por la tonelada de sorgo.
Insisten los productores en que el precio por tonelada sea de seis mil pesos y no tres mil 600 o tres mil 900 como se paga actualmente.
Pese a exhortos y convocatorias para ir a una mesa de negociación, los productores no cedieron y llevaron a cabo medidas que estaban anunciadas con anterioridad, que quizá, no se llegó a pensar que las harían al final de cuentas.
2.- En voz del subsecretario de la Secretaría General de Gobierno TOMÁS GLORIA REQUENA, se llamó a los productores de sorgo del norte de la entidad a retomar el diálogo.
Y es que, efectivamente, la demanda de los productores de sorgo en el valle de San Fernando y norte de Tamaulipas tiene que ver con presupuesto, es decir con recursos, en base a un diálogo y no con acciones como las que implementaron al cerrar la carretera y el acceso al puente internacional.
Diremos que en el 2024, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA destinó un fondo de 200 millones de pesos, con los que se apoyó con diésel y semilla a productores de esa región.
De hecho, tiene razón TOMÁS GLORIA cuando aduce que el gobernador está al pendiente de la demanda de los productores y aunque no les asiste la razón a los campesinos, toda vez que el precio por la tonelada de sorgo depende de otras variantes, incluso internacionales, VILLARREAL ANAYA sigue haciendo gestiones ante el gobierno de la república.
3.- Por cierto, todo parece indicar que la Contraloría de gobierno desaparecerá en la estructura de la administración estatal, para dar vida a la creación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, cuya titular será NORMA ANGÉLICA PEDRAZA MELO.
Lo que se pretende, de acuerdo a la iniciativa de grupos parlamentarios de Morena, Partido Verde y del Trabajo es reorganizar la estructura de vigilancia del poder ejecutivo, centralizando en una sola dependencia facultades actualmente distribuidas entre la Contraloría, el Instituto de Transparencia, los órganos internos de control y la Secretaría de Administración. También se aprecia, nuevas atribuciones y la capacidad de imponer sanciones, investigar presuntas responsabilidades administrativas y promover acciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa. En fin [email protected]
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