En el Boletín de Análisis Económico No. 10 de la Escuela de Negocios ITESO se hace un análisis de la informalidad en el país, que abarca a más de la mitad de la población ocupada que no cuenta con seguridad social. También se examina el más reciente índice de precios de la vivienda.
Hay 59 millones de personas ocupadas en México, de las cuales 32.1 millones –más de la mitad, 54.3 por ciento– trabajan como informales. El tema es que, incluso en el segmento de trabajadores informales, alrededor de 6.4 millones de ellos están en el sector formal constituido legalmente.
Lo anterior se desprende del análisis de las cifras que arroja la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para el primer trimestre de 2025, incluido en la edición número 10 del Boletín de Análisis Económico de la Escuela de Negocios ITESO, en el que, por medio de una matriz Hussmanns, se da cuenta de la gravedad del problema de la informalidad laboral en el país.
“La informalidad laboral es uno de los problemas más importantes en México, porque tiene implicaciones sociales y económicas muy relevantes. Tienes a más de la mitad de la población que no tiene derechos. Y aunque el gobierno ha logrado poner parches con los programas sociales, finalmente esto segmenta a la población y a las familias en dos grupos con derechos diferenciados”, explicó Mireya Pasillas, responsable editorial del boletín.
Un hallazgo particularmente relevante que se hizo a través de la matriz diseñada por el especialista Ralf Hussmanns, la cual es una herramienta analítica que permite identificar distintas formas de informalidad laboral, es que esta categoría no se limita al sector informal, sino que también está presente dentro del sector formal de la economía, porque se detectó que a escala nacional, 23.8 por ciento de las personas en condición de informalidad laboran en unidades económicas formalmente registradas, es decir, en empresas, gobiernos o instituciones.
A su vez, 16.4 por ciento de estos 32.1 millones pertenecen al ámbito agropecuario, 6.8 por ciento al trabajo doméstico remunerado, y 53 por ciento al sector informal como tal. De ese total, 50.1 por ciento son trabajadores asalariados, que teóricamente deberían tener prestaciones.
“Esto nos dice que, hasta ahora, las políticas públicas son inefectivas, porque no se entiende en dónde está la informalidad laboral, ponen soluciones parciales que es como poner un curita cuando te estas desangrando. Si bien hay una tendencia ligera a la baja, esto es algo que no se resuelve desde hace décadas”, añadió Pasillas.
Durante el primer trimestre de 2025, la tasa de informalidad laboral en México (54.3 por ciento) disminuyó 5.0 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2005 (59.3 por ciento). Sin embargo aunque esta tendencia descendente podría parecer alentadora, el ritmo de reducción ha sido lento pues ocurrió en el plazo de dos décadas. La informalidad continúa siendo la condición laboral predominante para más de la mitad de la población ocupada.
“Esta caída de la informalidad lo que en realidad indica es una caída de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, las personas no salen al mercado laboral. Cayó la informalidad laboral no porque se hayan ido a la formalidad, sino porque el mercado laboral ya no les está dando oportunidades”, explicó.
Otro dato para resaltar corresponde al sector informal que se relaciona con el trabajo doméstico remunerado. En 2019 se dio una reforma para que las trabajadoras y trabajadores del hogar que obtienen un salario sean afiliados al IMSS de forma obligatoria por sus empleadores, algo que a la fecha no ha ocurrido, pues de los 2.29 millones de personas en esta situación, solo poco más de 105 mil están registrados, lo que deja a más de 2.1 millones de personas ocupadas sin protección social. “Prácticamente 95 por ciento siguen sin estar registrados, a pesar de que la ley lo dice”, expresó.
Luego de estas cifras, para la académica se requiere una política pública mucho más profunda que los programas sociales. Se precisa de una seguridad social universal que, como ocurre en muchos países de Europa, no ligue la condición de acceso a la seguridad social con la condición laboral.
“El mercado laboral se está deteriorando y eso deja a las personas vulnerables en un contexto con altos niveles de informalidad. Se necesita una reforma fiscal profunda para financiar esta seguridad social universal, porque no es barata. Una política fiscal progresiva, que las personas más ricas paguen mucho más impuestos de lo que están pagando ahora y, por otro lado, que una gran parte de esto se pueda financiar con IVA, con impuestos generales, no con impuestos a la renta laboral”, concluyó.
En ocho años se duplicaron los precios de la vivienda en Jalisco
Tomando como año base el 2017, se publicó el más reciente Índice de Precios de la Vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal, el cual indica que en el primer trimestre de 2025 los precios promedio de la vivienda en México crecieron 8.2 por ciento a tasa anual, con respecto al trimestre anterior del año pasado, que fue de 2.3 por ciento.
Lo destacado es que, desde 2017 hasta el primer trimestre de este año, en Jalisco los precios acumulados equivalen a una tasa de 105 por ciento, es decir, que los precios de la vivienda se duplicaron en un lapso de ocho años. A nivel nacional el crecimiento acumulado desde 2017 es de 86.9 por ciento.
“El alza en los costos de la vivienda deteriora la capacidad de compra de las personas con menores ingresos. Por ejemplo, en tan solo un año el precio de la vivienda aumentó en 10 por ciento, entonces, cada año es más difícil que las personas ejerzan su derecho a la vivienda. Se requiere una política de fondo, mayor regulación, porque la vivienda se está encareciendo, sobre todo en Guadalajara, porque se está utilizando más que para vivir, como inversión o especulación”, declaró Pasillas.
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