Nuevo Laredo, Tamps. (LaJornada) El General Miguel Ángel Ramírez Canchola, fue destituido como comandante de la guarnición militar en Nuevo Laredo, luego de dos manifestaciones realizadas por familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones graves a los derechos humanos, realizadas frente a la sede del 16 Regimiento de Caballería Motorizada
Durante la ceremonia de toma de posesión del nuevo comandante, el general Rolando Solano Rivera, el nombre de Ramírez Canchola ni siquiera fue mencionado, un hecho que los asistentes interpretaron como un intento deliberado de minimizar el escándalo público, el acto oficial de relevo, se realizó en el nuevo Cuartel Militar la mañana de este martes.
La ceremonia fue encabezada por el general Fernando Colchado Gómez, comandante de la Octava Zona Militar, y contó con la presencia de autoridades municipales y consulares.
En paralelo a la ceremonia, familiares de víctimas y activistas de derechos humanos se congregaron por segundo día consecutivo a las puertas del cuartel militar, expresando su indignación y su determinación de no cesar en la búsqueda de justicia. Portando fotografías de sus seres queridos y pancartas con mensajes de exigencia, los manifestantes reiteraron su demanda de una investigación profunda y transparente.
Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, denunció que la destitución del general no basta para reparar el daño ocasionado. “La Secretaría de la Defensa Nacional debe garantizar justicia para las víctimas y llevar ante la justicia a todos los responsables, incluidos los altos mandos”, expresó durante la protesta.
Ramos Vázquez destacó que, en los últimos tres años, su organización ha documentado al menos 36 casos de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y abusos cometidos por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
En el historial de crímenes cometidos durante la gestión de Ramírez Canchola se encuentra, el registrado el 26 de febrero de 2023, cuando cinco jóvenes fueron asesinados por elementos del 16º Regimiento de Caballería Motorizada. Los soldados involucrados fueron sentenciados a 40 años y 9 meses de prisión, pero la responsabilidad del mando superior permanece impune.
Otro caso fue la ejecución de la niña Lidia Iris Fuentes Galván en octubre de 2024, quien perdió la vida en un operativo militar en el fraccionamiento Palmares. Asimismo, el asesinato del menor Armando Hernández Gallardo mientras trabajaba en un servicar para costear sus estudios evidenció el uso desproporcionado de la fuerza. Yuricie Rivera, enfermera del IMSS, fue otra de las víctimas que pereció en circunstancias violentas en octubre del mismo año.
Los casos acumulados bajo el mando de Ramírez Canchola no son hechos aislados, sino parte de un patrón de violencia sistemática. Un episodio particularmente cruento ocurrió en mayo de 2023, cuando cinco civiles armados que huían en una camioneta fueron bajados y ejecutados después de un choque contra una barda perimetral. Otro incidente grave ocurrió en abril de 2023, cuando elementos de la Guardia Nacional dispararon contra una camioneta familiar, matando a una mujer embarazada de ocho meses y a un hombre mayor.
“No podemos permitir que estos crímenes queden impunes. Es urgente una reforma en el uso de la fuerza militar y una depuración en las filas de las fuerzas armadas”, señaló Ramos Vázquez. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen enfrentando amenazas e intimidación, y la Fiscalía General de la República continúa mostrando lentitud en las investigaciones.
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