La disminución de la jornada laboral en México, de 48 a 40 horas por semana, ha sido fuertemente discutida y aún no se logra un acuerdo entre legisladores, empresarios y trabajadores, a pesar de los diálogos que se han convocado para su estudio.
La iniciativa busca que por cada cinco días de trabajo, las y los empleados disfrutarán de dos días de descanso. El régimen constitucional laboral del descanso semanal en México tiene más de un siglo sin modificarse.
El análisis sigue durante este segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso y enfrenta a los protagonistas, pero ¿Por qué los empresarios se resisten a la reforma?
Esto dicen los empresarios sobre la reducción de la jornada laboral
Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que hay voluntad por parte del sector empresarial y que una muestra de ello es que en los últimos años ha habido un importante paquete de reformas laborales “y en todas hemos colaborado. Hemos hecho un esfuerzo muy importante por el bien de los trabajadores”.
Pese a ello, enlistó las condicionantes para que puedan dar su aval al proyecto.
“Los empresarios de México valoramos esta oportunidad de encontrarnos para continuar analizando la iniciativa sobre la reducción de la jornada laboral. Se deben considerar cuatro factores fundamentales: el primero, que las empresas afectadas son las pequeñas y medianas empresas, que ocupan 98% de las empresas de todo el país. Además, se requiere 1% del Producto Interno Bruto para implementarla; también se deben fortalecer los esfuerzos para transitar al empleo formal y, finalmente, [se debe] señalar que el aumento de la productividad laboral es una condición necesaria para respaldar de manera consistente esta propuesta”, indicó.
Héctor Tejada Sahaar, de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), advirtió que para hacer posible el aumento de los salarios mínimos, así como las reforma sobre pensiones, subcontratación y vacaciones dignas, “el sector empresarial ha destinado 60% de los ingresos de sus empresas comparado con los ingresos de 2018”, por lo que aseguró que se requiere más tiempo para aliviar el gasto que se ha hecho.
“La reducción de la jornada laboral podría resultar en una disminución de la disponibilidad de productos y servicios; los trabajadores también podrían experimentar una disminución de su salario. Esta reforma también podría reducir los ingresos fiscales generados a través de los impuestos, las empresas podrían enfrentar costos adicionales, lo que podría reducir sus márgenes de beneficio, y además no contempla una política pública para desincentivar la informalidad”, dijo.
Por parte del Gobierno federal, Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, adelantó que también acompañarán la propuesta de gradualidad.
“Necesitamos encontrar coincidencias que sean acordes a nuestra realidad nacional, analizar cuestiones como flexibilidad, gradualidad, temporalidad, todos estos factores que se requieren para implementar exitosamente esta reforma, estos esquemas de jornada digna”, aseveró.
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