Aunque desde el Ejecutivo federal se busca posicionar el discurso de que ya no hay corrupción, lo cierto es que el combate a la misma pierde terreno, como lo constata el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción. Alfonso Hernández, académico del ITESO, dice que para cambiar esta inercia hay que reducir los índices de impunidad y fortalecer los sistemas anticorrupción nacional y estatales, afirma.
Desde que asumió la presidencia del país, una de las ideas recurrentes de Andrés Manuel López Obrador es que la corrupción en México terminó. Cuando el presidente habla del tema es común escuchar frases como “Ya se acabó [la corrupción]” o alguna variante, aunque lo cierto es que los hechos dicen lo contrario. Y no sólo no se ha acabado, sino que desde hace cuatro años el país ha visto cómo se debilita su combate. Así lo hace constar el Índice de capacidad para combatir la corrupción, que fue dado a conocer hace unos días y en el que México, por cuarto año consecutivo, no sólo reprobó, sino que siguió bajando.
Para Alfonso Hernández Valdez, coordinador de la Especialidad en Integridad Pública y Estrategias Anticorrupción del ITESO, afirmar de manera contundente que la corrupción ya se acabó “es un eslogan publicitario, es propaganda. Lo cierto es que la corrupción es un fenómeno complejo que no se va a acabar de la noche a la mañana”.
De acuerdo con el académico, el índice, elaborado por Americas Society / Council of the Americas y la empresa Control Risks, es distinto a otros mecanismos de medición porque “lo que mide es la capacidad para combatir la corrupción. Hay otros que miden la percepción, pero éste habla de la capacidad y lo que indica es que en México esa capacidad ha venido bajando”.
Según los datos que presenta el informe, el país se sitúa en el lugar 12 de 15 entre los países latinoamericanos evaluados, sólo arriba de Guatemala, Bolivia y Venezuela. El documento muestra que “los dos países más grandes de la región, México y Brasil, sufrieron nuevos reveses en instituciones claves y en el entorno anticorrupción en su conjunto”.
Dos rubros son los peor evaluados: “Independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación” y “Procesos legislativos de gobierno”. En cambio, a pesar de los conflictos recientes con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el apartado “Acceso a la información pública y transparencia general del gobierno” es uno de los dos mejor evaluados. “México ha sido líder y pionero en materia de acceso a la información pública y la transparencia. Tenemos leyes, instituciones, pero este gobierno ha intentado socavar la capacidad de trabajo del Inai, que ha hecho todo lo posible para seguir trabajando”, dice Hernández.
El valor de la prensa
El segundo rubro en el que México tuvo un mejor desempeño en el índice es “Calidad de la prensa y del periodismo de investigación”. Iván González Vega, coordinador de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública del ITESO, dice que en un país como México buena parte de las y los periodistas han asumido la tarea de fiscalizar el ejercicio del poder y, con ello, brindar información que permita combatir la corrupción. Para él, no es extraño que sea uno de los rubros mejor calificados, porque “las y los periodistas no han cejado en su papel de ser vigilantes [del ejercicio público] pese a la situación de precariedad que se ve reflejada en otros indicadores”.
Precisamente por la impunidad ya señalada, investigaciones como las que condujeron a destapar los escándalos de corrupción conocidos como “La estafa maestra” o “La casa blanca” no se han traducido en consecuencias legales para las y los involucrados de alto nivel; sin embargo, para González Vega es importante preguntarse “qué habría pasado si esos trabajos no se hubieran realizado. Al periodismo le corresponde servir la información para que la ciudadanía tome acciones”. En ese sentido, añade, es importante formar nuevas generaciones de periodistas para que adquieran herramientas que les permitan fiscalizar al poder y transmitir esa información a la sociedad”.
Uno de los problemas que dificultan el combate a la corrupción, dice Hernández, es la impunidad. “La corrupción y la impunidad son hermanas. Cuando existen leyes y reglamentos, pero no se castiga, el mensaje es que puedes seguir”. En ese sentido, continúa, es necesario “transformar el poder judicial, pero falta voluntad política”. También es necesario, dice, trabajar en la educación para cambiar una estructura de contravalores socialmente aceptados que alientan prácticas corruptas tan simples como copiar en un examen. “Los cambios tienen que ser simultáneos en el gobierno, las instituciones y en la sociedad”, afirma el académico y añade que, para mejorar en el combate a la corrupción, es importante “fortalecer mecanismos que todavía están desarticulados, como los sistemas anticorrupción [nacional y estatales], y propiciar mecanismos de delación sencillos para que la sociedad pueda denunciar actos de corrupción”.
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