Nadie se imaginaba que el titular de la Secretaría de Administración, Jesús Lavín Verástegui, “diera la nota del día”, como se dice en el argot periodístico, durante su comparecencia ante el pleno del Congreso Local, luego de revelar el fraude que se perpetró durante la administración de Egidio Torre Cantú en contra de la burocracia estatal.
Lavín Verástegui aseveró que durante la administración de Torre Cantú no se pagaron los descuentos aplicados a los burócratas estatales ni las aportaciones gubernamentales al Fondo de Pensiones, cuya omisión se registró desde el 2010 hasta el 2016 por un monto de 2 mil millones de pesos.
El funcionario estatal indicó también que el desfalco perpetrado por la administración de Torre Cantú ya fue denunciado ante las autoridades correspondientes a través de la Secretaría de Finanzas, la Auditoría Superior del Estado y el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET).
Adelantó que el Fondo de Pensiones sólo tiene recursos para saldar sus obligaciones con trabajadores pensionados y jubilados del Gobierno del Estado hasta el 2024, sin embargo, el gobierno de Américo Villarreal Anaya, fortalecerá las finanzas del IPSSET por medio de una transferencia de recursos por más de mil 900 millones de pesos.
“De esta manera se tendrá un Fondo de Pensiones que sea garante de las obligaciones establecidas en la Ley del Trabajo, a fin de cubrir con oportunidad los pagos de 9 mil 400 pensionados y jubilados del Gobierno del Estado”, aseveró Lavín Verástegui.
Indicó que la administración estatal de Francisco García Cabeza de Vaca realizó un convenio para tratar de solventar el desfalco por más de 2 mil millones de pesos que dejó el gobierno de Torre Cantú, pero sólo cubrió el 17% del adeudo, equivalente a 343 millones de pesos.
Y aunque Lavín Verástegui no dijo nombres de quienes fueron los exfuncionarios involucrados en el desfalco en contra de la burocracia estatal, entre otros delitos de corrupción cometidos durante la administración de Torre Cantú, los periodistas asistentes a la sesión de ayer en el Congreso Local, recordaron que Jorge Ábrego Adame, Exsecretario de Finanzas; Cristóbal Rosales Gómez, Exsubsecretario de Egresos y Jorge Contreras Chío, Exdirector general de Pagos, fueron acusados por desvío de recursos públicos a través de empresas factureras.
La investigación acerca del Fondo de Pensiones seguramente descubrirá otros delitos que se cometieron durante la administración de Torre Cantú, por lo que ojalá que en esta ocasión no se quede en el intento por castigar a todos los exfuncionarios que traicionaron la confianza de la sociedad tamaulipeca.
Y hablando de fraudes, resulta que el Instituto Nacional Electoral (INE) impondrá una multa de 500 mil pesos a la organización denominada “Que siga la Democracia”, que encabeza Gabriela Jiménez Godoy, quien participó activamente en la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador celebrada el 10 de abril de 2022, pero hizo trampa porque incluyó en sus listas de apoyo a más de 15 muertos.
La ahora diputada federal de Morena, Jiménez Godoy presumió en diciembre de 2021 que había recabado más de un millón 068 firmas para que se realizara la consulta de revocación de mandato, cifra que fue calificada como histórica por un grupo de jóvenes de la organización “Que siga la Democracia”.
Los consejeros del INE, como es el caso de Claudia Zavala Pérez, coincidieron en señalar que no sólo se trata de castigar la actitud antidemocrática, sino también los actos ilegales cometidos por la ahora diputada federal de Morena, Jiménez Godoy, por lo que se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
De nada sirvieron las trampas cometidas por los seguidores de López Obrador, como es el caso de la diputada Jiménez Godoy, puesto que la consulta de revocación no alcanzó la cifra de 37 millones de votos ciudadanos para que fuera vinculante, sino nada más votaron 15 millones de personas.
Por último, el Pleno del Senado avaló la creación de un padrón de deudores alimenticios, similar al que se aprobó recientemente en el Congreso Local de Tamaulipas, a fin de que los padres desobligados no tengan derecho a tramitar licencias de manejo, contraer matrimonio, obtener credencial de elector, adquirir una casa, ni mucho menos aspirar a un cargo de elección popular, hasta que cumplan con las obligaciones que tienen con sus hijas e hijos.
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