De nada sirvieron los insultos y descalificaciones que profirió el presidente López Obrador para tratar de evitar que miles y miles de ciudadanas y ciudadanos participaran ayer en la segunda marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), puesto que el zócalo de la Ciudad de México se vio pletórico de manifestantes vestidos de blanco y rosa que gritaron consignas contra el “Plan B” de la reforma electoral y pidieron a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que detuvieron está evidente violación a la constitución para debilitar la democracia en nuestro país.
Ni siquiera las mentiras que emitieron varios de sus colaboradores, como fue el caso del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien declaró en reiteradas ocasiones que la marcha ciudadana de ayer fue para defender al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, recientemente declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada en la Corte de Nueva York, Estados Unidos.
Fue impresionante la respuesta de la ciudadanía que hubo ayer tanto en la Ciudad de México, como en otras partes del país, ya que la gente está convencida de que el “Plan B” de la reforma electoral de López Obrador busca aniquilar al INE para asegurar que nuevamente Morena gane la presidencia de la república en la elección del 2024.
Los oradores en el mitin celebrado ayer en el zócalo de la Ciudad de México en defensa del INE, es decir la periodista Beatriz Pagés Rebollar y el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, coincidieron en señalar que el “Plan B” violenta la constitución y representa una amenaza para el avance de la democracia a lo largo de más de 30 años en que se ha logrado una alternancia en nuestro país.
La periodista Pagés Rebollar de plano pidió que la SCJN mande el “Plan B” a la basura de la historia porque es inconstitucional e inmoral, luego de señalar que López Obrador utilizó al INE para llegar a la presidencia de la república y ahora pretende instaurar una dictadura.
Por su parte, el ministro en retiro Cossío Díaz denunció la campaña de desprestigio que ha lanzado López Obrador en contra de las y de los integrantes de la SCJN, puesto que no sólo ha dicho que serían unos hipócritas sí invalidan las reformas del “Plan B”, además de afirmar que quedaría en evidencia la corrupción que prevalece en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
A propósito, se espera que López Obrador continúe con sus insultos y descalificaciones en contra de las y de los ciudadanos que ayer lanzaron consignas en contra de la reforma electoral, sino también para tratar de intimidar a ministras y ministros de la SCJN que han demostrado ser independientes en sus sentencias a pesar de que fueron nominados por él, como es el caso de Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
También no se descarta la posibilidad de que López Obrador retrase la publicación de la reciente reforma electoral, mejor conocida como el “Plan B”, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que no entre en vigor y evitar que la SCJN pueda calificarla como anticonstitucional.
En fin, la segunda marcha en defensa del INE pasará a la historia porque las organizaciones ciudadanas demostraron tener capacidad de convocatoria y que los “clasemedieros” están dispuestos a frenar sus afanes de imponer a su sucesora o sucesor en la elección presidencial del 2024.
Por otra parte, pero sin dejar el tema del INE, resulta más que evidente que se busca allanar el camino para que Morena logre retener la presidencia de la república, debido a que la mayoría de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados, son proclives a Morena y sus aliados.
El Comité Técnico de Evaluación se encargará de revisar los expedientes de mil 128 aspirantes a ser consejeros del INE en sustitución de Lorenzo Córdova Vianello, Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón, cuya gestión concluirá en abril de 2023.
Los integrantes del Comité Técnico de Evaluación proclives a Morena son Evangelina Hernández Duarte, Enrique Galván Ochoa y Andrés Norberto García-Repper Favila, quienes fueron nombrados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que preside el morenista Ignacio Mier Velazco.
Y como muestra de que simpatizan con Morena, el abogado García-Repper Favila, estuvo como asesor legal del candidato de Morena a la curul vacante en el Senado, José Ramón Gómez Leal, mejor conocido como JR.
También son proclives a Morena y sus aliados, Araceli Mondragón González y Ernesto Isunza Vera, propuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que preside la morenista Rosario Piedra Ibarra.
Y aunque las y los integrantes del Comité Técnico de Evaluación afirmaron que serán imparciales y actuarán sin tintes partidistas en la integración de las quintetas que presentarán a la Cámara de Diputados para seleccionar a los nuevos consejeros del INE, surgen muchas dudas de que cumplan y coadyuven a favor de Morena en la elección presidencial del 2024.
Por último, el diputado local Marco Antonio Gallegos Galván, propuso una reforma para que más personas con discapacidades obtengan cargos de elección popular, incluso para que no batallen, solicitó, que reciban candidaturas plurinominales, pero resulta que el legislador morenista pretende anular el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) con el pretexto de que se vulneran los derechos de los padres desobligados. Y uno se pregunta: ¿Para que facilitar la llegada de personas con discapacidades a cargos de elección popular sí se olvidan de apoyar a quienes más necesitan?
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