Hizo ya 47 años que entró en vigor la Ley Federal de Protección al Consumidor y con ella se creó la Procuraduría Federal del Consumidor, mejor conocida como la PROFECO, que se supone defiende los derechos de los consumidores para evitar abusos en los precios de productos y servicios.
Por este motivo, el titular de esa dependencia, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, estuvo en la conferencia de prensa que se da casi todos los días desde Palacio Nacional, para informar a los mexicanos sobre aquello que acontece desde el Gobierno de la República.
Se supone conforme a la misión de la PROFECO que busca empoderar al consumidor mediante la protección efectiva del ejercicio de sus derechos y la confianza ciudadana, promoviendo un consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable, a fin de corregir injusticias del mercado, fortalecer el mercado interno y el bienestar de la población.
Entre sus objetivos está proteger y defender los derechos de las y los consumidores, generar una cultura de consumo responsable, proporcionar información oportuna y objetiva para la toma de decisiones de consumo e implementar métodos de atención pronta y accesible consumidores con el uso de tecnologías de la información.
El asunto es que, aquello que en teoría existe sobre los fines de la Ley Federal de Protección al Consumidor, dista mucho de la realidad, es más, en la mayor parte de las ciudades de la entidad, la Delegación de la PROFECO desapareció debido a la falta de presupuesto para mantener la plantilla de trabajadores, pagar la renta de los edificios y sobrellevar los gastos de las oficinas.
Ahora en Ciudad Victoria como en la mayor parte del país, todo es a través de páginas de la Internet, se registran las denuncias, se analizan y envían una comunicación a los quejosos sobre el presunto abuso de los comercios ya sea por el mal servicio, la violación a los precios y la calidad dudosa de los productos y servicios, pero, en un escenario en el cual todo queda en el aire, así que, serían un milagro que los abusos fueran sancionados por PROFECO.
Por cierto, para el Procurador del Consumidor, la institución es todavía su escalón a la política, porque aspira a gobernar el estado de Guanajuato, de donde es originario y aunque ya perdió una elección la de alcalde de León, porque la gente le rechazó de forma abierta debido a sus malos modos de hacer política, insistirá para que, con el respaldo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, se le cumpla sus sueño y, por tanto, mantiene su idea de servirse de la PROFECO para ese fin.
Como quiera los mexicanos creen alguien les defenderá de los abusos de comercio, porque el Artículo 8 indica que la institución verificará que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica y obligación de los proveedores respetar el precio máximo y las tarifas establecidas.
En tanto, el Artículo 10 señala que, los proveedores no podrán aplicar prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas abusivas y tampoco podrán prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor.
Un cuento sobre los derechos que tienen los consumidores en México también mantiene confianza en la población, no le hace que, la actuación de los funcionarios de PROFECO siempre deja mucho que desear año tras año y de los 47 que tiene de existir.
Se trata de siete derechos, a la información, educación para comprar, elegir, seguridad y calidad, a no ser discriminados, a la compensación y desde luego a la protección, los cuales se supone defiende la PROFECO desde una perspectiva fantasmal, porque en los últimos años nadie puede jactarse de ganar algún pleito en contra de los violadores de precios, engañadores de promociones o aumento indiscriminado del costo, por ejemplo, de la canasta básica, que en este arranque del año anda por la calle de la amargura.
Otros Artículos como el 24 que hace alusión a las 27 atribuciones que tiene la dependencia y en las cuales debe de intervenir, el 57 que se refiere a la obligación de las tiendas para exhibir los precios y tarifas de los servicios y el 70 que en materia de compraventa a plazos de bienes muebles o inmuebles, si se rescinde el contrato, vendedor y comprador deben de restituirse en forma mutua las prestaciones que se hubieren hecho, cosa que, de forma regular no ocurre, porque siempre el comprador pierde.
En fin, en 47 años de existencia de la PROFECO, puede hablarse sin temor a equivocaciones de una vida inútil, dado que, la generalidad de los consumidores ha tenido que defenderse solo y en aquellos casos en los cuales hubo papeles o documento de PROFECO de por medio debieron de pasar meses y meses para que el acto denunciado pudiera lograrse.
De alguna forma, desde 1976 cuándo se promulgó la Ley Federal del Consumidor y apareció la PROFECO, los mexicanos han sacado más provecho de azuzar a los prestadores de servicios y vendedores de productos con acusaron ante esa procuraduría, que mediante el seguimiento de denuncias conforme a la Ley.
Quizá de las cosas rescatables de la PROFECO a casi medio siglo de su existencia es su estrategia de orientación a los consumidores, gracias a su presencia en medios de comunicación, revistas, programas de radio, televisión, redes sociales y anuncios promocionales en los cuales se expresa el afán de sus funcionarios por ayudar al consumidor, dado que, la otra gran responsabilidad de hacer respetar los precios y contenerlos aun cuando perjudican la economía de los consumidores, no se le dio ni se le dará nunca y menos ahora que el Procurador no puede hablar de ellos, porque representan inflación.
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