La edad es un factor que ha influido históricamente en las formas de discriminación que se viven en las sociedades. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación del INEGI, la edad y el sexo se encuentran entre las primeras cuatro razones de discriminación en México.
Al indagar las posibles causas de discriminación vividas por distintos grupos, “El 61.1% de la población de 60 años y más, y el 31.9% de las y los adolescentes declaran como causa su edad, mientras que de la población femenina, 58.8% declaró que fue por su condición de mujer” (1). Esto, por supuesto, sin considerar a las infancias cuyas voces y experiencias son frecuentemente excluidas de las estadísticas.
A pesar de que, como dice Iñigo Calvo Sotomayor, no hay indicadores claros sobre la relación entre edad y la productividad en la época tecnológica actual, los estigmas que pesan sobre las poblaciones adultas mayores continúan impidiendo su inclusión social en condiciones equitativas. Conforme la edad aumenta y las personas envejecen, los cuestionamientos sobre sus capacidades físicas y cognitivas, y sus posibilidades de contribuir, crecen. La calle, el transporte público, el trabajo y/o la escuela y la familia, son los principales espacios de discriminación por edad y también por sexo.
En México, entrar a analizar el impacto de la edad y el género en mujeres adultas mayores es un reto por la falta de datos. Sin embargo, sabemos que las desigualdades impactan fuertemente la calidad de la última etapa de su vida. Esto se trata de un trayecto que no inicia en la vejez, sino desde la infancia y, por lo tanto, debería abordarse desde la política pública como un continuo de acciones enfocadas a la igualdad de género en las distintas etapas de la vida, desde la niñez y adolescencia hasta la vejez. En especial, a la luz de sociedades cuyos promedios de edad son cada vez más altos, pues resulta imperativo entender las maneras en las que las nuevas estructuras demográficas y cambios tecnológicos pueden ayudar a construir sistemas económicos y políticos más justos.
De acuerdo con un estudio del National Women’s Law Center, “la penalización por maternidad” en Estados Unidos le cuesta a las mujeres 16 mil dólares al año en pérdida de ingresos. Aunque la brecha salarial se ha reducido, en México y Estados Unidos permanece entre 77 y 87 centavos por cada dólar ganado por hombres.
Aunado y vinculado a esto, de acuerdo con el monitor del IMCO, en México las mujeres ocupan muy bajos porcentajes de participación en posiciones directivas dentro del sector privado: menos del 10% en direcciones generales. Menos del 40% de empresas implementan prácticas de equidad salarial.
La cantidad de horas que las mujeres dedican a los cuidados y crianza no remunerada inicia desde la infancia y adolescencia, siendo quienes más cuidan a adultos mayores, hermanos y hermanas, incluso hijas o hijos, y otros familiares en casa. En promedio, las mujeres invierten 2.5 veces más tiempo que los hombres en estas actividades. Esto se da a lo largo de toda la vida, en distintas proporciones.
Si añadimos el crecimiento del número de hogares dirigidos solo por mujeres (33%) que se hacen cargo del cuidado y la manutención de sus dependientes económicos, el efecto se multiplica.
Las prácticas de secrecía sobre los ingresos y su distribución al interior de las familias, la falta de servicios de salud y seguridad social universal o el acceso condicionado a la existencia de un empleo fijo, la falta de políticas públicas con criterios de equidad para determinar la manera en la que se suman semanas laborales a la pensión de retiro y, por supuesto, las normas sociales que aún determinan el valor de las mujeres a partir de estándares de imagen que centran, entre otras cosas, la edad, suman a todas las desigualdades estructurales que pesan hoy sobre las mujeres mayores en nuestro país.
Del 13% de los hogares no familiares que hay en México, el 95% son unipersonales y más del 56% son de mujeres mayores de 60 años. Menos de la mitad de ellas tienen acceso a servicios de salud.
El impacto económico, en la salud física y mental que la división del trabajo y los roles en función del género tienen sobre las posibilidades de ahorro y planeación de las mujeres para la vejez es enorme, sin que haya políticas públicas que proporcionen un apoyo suficiente que permita garantizar una retribución tanto simbólica como material por el valor social que han aportado toda su vida.
Se trata de un tema pendiente y urgente para cualquier gobierno que busque la justicia social y quiera desmontar de fondo las estructuras de desigualdad en nuestro país.
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