Aunque la iniciativa de reforma para regular la “cobranza delegada” fue impulsada por la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado y aprobada recientemente en la Cámara de Diputados, por la nefasta mayoría de Morena, que coordina Ignacio Mier Velazco, quien la promovió e impulsó para convertirla en una ley reglamentaria sin medir las consecuencias en contra de empleados y trabajadores que se ven en la necesidad de solicitar créditos de nómina para solucionar un problema económico o atender una urgencia médica, entre otras dificultades financieras.
La reforma para regular la cobranza delegada, considerada por la oposición del PAN, PRI, PRD y MC, como la nueva versión de las “tiendas de raya” porque facultaba a los patrones a descontar los adeudos de empleados y trabajadores que habían dejado de pagar sus créditos de nómina, es tan perjudicial que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la vetaría.
De nada sirvieron las críticas de la oposición en la Cámara de Diputados en contra de la iniciativa de reforma para regular la cobranza delegada, incluso varios legisladores morenistas se mofaron cuando fue aprobada porque “son mayoría” y con este argumento impulsan reformas que perjudican a la sociedad mexicana.
Incluso, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta Mier de Morena aseveró que se trataba de una “iniciativa social” en favor de los trabajadores, pero lo cierto es que responde a intereses de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) que son las más han otorgado créditos de nómina a empleados y trabajadores.
En tanto que, en la Cámara de Diputados, el legislador Luis Armando Melgar Bravo del PVEM fue el encargado de impulsar la iniciativa de reforma para regular la cobranza delegada, puesto que tiene fuertes nexos con el Grupo Salinas, en cuyo consorcio se encuentra el Banco Azteca.
Y fue hasta después de que López Obrador anunció que vetaría la iniciativa de reforma aprobada en la Cámara de Diputados, cuando el coordinador de la fracción de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dijo que no sería aprobada y que permanecería en resguardo.
Las instituciones bancarias que otorgan préstamos de nómina cobran un seguro para evitar que algún empleado o trabajador que deje de laborar no siga pagando su crédito, pero además tienen convenios con dependencias públicas y empresas para descontar mes por mes el adeudo contraído.
Esta situación provocó que varios analistas financieros señalaran que la aprobación de la iniciativa para regular la cobranza delegada fue un ardid para que el presidente López Obrador se convirtiera en defensor de los empleados y trabajadores ahora que ha bajado el nivel de popularidad.
En fin, la iniciativa de reforma pasará a la “congeladora legislativa” después del escándalo surgido la semana pasada, pero esto no quiere decir que se cancele en forma definitiva porque beneficia a las instituciones bancarias y financieras, incluso hasta a la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En otro tema, presidenta de la organización “Que siga la democracia”, Gabriela Jiménez Godoy, pretende ser nuevamente el adalid de la lucha en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), puesto que ahora quiere instalar “casillas ciudadanas” a fin de que la ciudadanía acuda a la consulta de revocación de mandato prevista para el próximo 10 de abril.
Jiménez Godoy fue quien presentó 3.7 millones de firmas en apoyo a la consulta para la revocación de mandato, sin embargo, se detectaron que cientos de las rúbricas eran falsas o de personas sin derechos ciudadanos porque se encontraban presas, entre otras trampas que fueron oportunamente denunciadas por los consejeros del INE.
En una de las muestras domiciliarias del INE se logró demostrar que el 25% de los ciudadanos no apoyaron la revocación de mandato y sus firmas, huellas y datos aparecieron, sin su consentimiento, entre las 3.7 millones de firmas presentadas por la organización “Que siga la democracia”.
Ahora nuevamente la morenista Jiménez Godoy prepara un nuevo fraude a través de las denominadas “casillas ciudadanas” que pretende instalar el próximo 10 de abril en todo el país.
El argumento de la activista fue que como el INE no tiene capacidad para instalar el número de casillas por falta de presupuesto, la organización “Que siga la democracia” estará dispuesta a instalar las llamadas “casillas ciudadanas” en aquellas poblaciones que no están incluidas en el programa oficial.
Lógicamente, el INE no aceptará esta nueva embestida de Jiménez Godoy, ya que se trata de un ardid para hacernos creer que López Obrador arrasará en la consulta popular para la revocación de mandato.
Si bien es cierto que nadie duda de que el tabasqueño recibirá un fuerte respaldo de sus seguidores el próximo 10 de abril, no se puede descartar la posibilidad de que reciba un “susto” y no arrase como creen que lo hará porque día a día sigue creciendo el descontento en contra del tabasqueño.
Es por eso, que sería mejor preguntarle a la señora Jiménez Godoy cuántas boletas de apoyo quiere a favor de que López Obrador se mantenga en el cargo de presidente de la república, puesto que tiene fama de ser tramposa y saca firmas hasta de las personas que han fallecido.
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