Mientras que, en la Cámara de Diputados, GERARDO PEÑA FLORES busca atraer más recursos a Tamaulipas, y en el Senado, MARÍA GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES, propone reformar el Código Penal Federal, para defender a las mujeres de los servidores públicos que cometan el delito de violación a la intimidad sexual, el Consejo General del IETAM, que preside JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, dejó sin financiamiento público al PVEM y al PRD, que serán parte de las alianzas que el PAN y MORENA encabecen.
Argumentando que Tamaulipas, junto con Nuevo León Veracruz y la CDMX, aportan en promedio a la federación, el 70% de los recursos provenientes de los impuestos tributarios, pero reciben apenas el 25% de las participaciones y el 16.7% de las aportaciones, GERARDO PEÑA FLORES ha suscrito una iniciativa para adicionar a la Ley de Coordinación Fiscal, los artículos 2-B y
3-C, para premiar la eficiencia recaudatoria.
Por su parte, MARÍA GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES, suscribe una iniciativa en materia penal, con la finalidad de endurecer la penalidad en contra de los servidores públicos que, aprovechándose de su cargo, cometan el delito de violencia a la intimidad sexual (divulguen, compartan, distribuyan, o publiquen imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona mayor de edad, sin su consentimiento, aprobación o autorización).
O bien, que videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual, de una persona mayor de edad, sin su consentimiento, aprobación o autorización, dice el artículo 199 Octies, del Código Penal Federal, al definir este delito.
AMÉRICO VILLARREAL ANAYA también se apunta, enlistando la iniciativa que reforma y adiciona, los artículos 7,104,106, 109, 161 y 392, de la Ley General de Salud, para que el INEGI genere estadística en materia de salud.
Resta esperar que, el esfuerzo legislativo de nuestra representación política, sea dictaminado favorablemente, mientras tanto y por unanimidad, ITALIA GARCÍA LÓPEZ y demás integrantes del Consejo General del IETAM, han aprobado dejar sin financiamiento público, a dos partidos que serán parte de las alianzas que apoyarán los proyectos de alternancia o continuidad en el poder, que representan el senador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, y el Secretario General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.
Recordemos que, la prevalencia del financiamiento público sobre el privado, como lo establece nuestra Carta Magna, tiene una finalidad eminentemente democrática, pues abona en impedir que los intereses de la élite económica nacional, estatal o municipal, tengan mayor injerencia o, lo que sería aún más delicado, sometan a su arbitrio el ejercicio del poder público.
Este es el propósito esencial, del financiamiento público y su prevalencia sobre el financiamiento privado: que las autoridades electas gobiernen para el pueblo que las eligió, y no para los intereses de un selecto grupo que, por sus aportaciones monetarias, se puede apropiar del gobierno.
Todos los partidos políticos tienen derecho a recibirlo, pero para merecerlo, tienen que tener un mínimo de representación popular en las urnas.
Desde la Carta Magna, en los artículos 41, para los partidos nacionales, y en el 116, para los partidos locales, se dispone que recibirán los recursos que sean necesarios, para el mantenimiento de sus actividades ordinarias, así como para la obtención del voto, dejando su reglamentación a la LEGIPE y a la Ley General de Partidos.
Pues bien, para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate, señala el artículo 52 de la Ley General de Partidos.
Que fue el precepto aplicado por el Instituto que preside JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, al revisar el estatus de los partidos políticos, que tienen derecho a recibir el financiamiento público durante el 2022.
El concepto clave para decidir si un partido conserva o no, el derecho a recibir financiamiento público, es la Votación Válida Emitida, VVE, que resulta de restar a la Votación Total Emitida, VTE, los votos nulos y la votación a favor de los candidatos no registrados.
Ni el partido que RICARDO GAVIÑO CÁRDENAS, dirigió en la elección de 2021, y que hoy comanda MANUEL MUÑOZ CANO, ni el que dirige JORGE SOSA POHL, lograron una representación popular del 3%, en ninguna de las tres elecciones celebradas en junio de 2021, requisito sine qua non, pueden acceder al financiamiento público.
El PVEM, logró cosechar el 2.67, 2.67 y 2.33 por ciento, en las elecciones de diputaciones por el principio de mayoría relativa, representación proporcional y en la de ayuntamientos, respectivamente, siendo el tercer proceso electoral consecutivo, sin poder alcanzar el 3% de la votación, en las elecciones que se realizaron en 2018, 2019 y 2021.
Mientras que el PRD obtuvo el 1.25, 1.23 y 0.85 por ciento, respectivamente, siendo el cuarto proceso electoral consecutivo, que no alcanza el 3% en las elecciones celebradas en 2016, 2018, 2019 y 2021.
Lo anterior significa que, tanto el PVEM como el PRD, tendrán que depender del financiamiento público, que les conviden sus dirigencias nacionales, para sostener sus actividades ordinarias permanentes y así MANUEL MUÑOZ CANO y JORGE MARIO SOSA POHL, hagan política a favor de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.
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