Por Rogelio Hernández López
El legislador federal independiente Emilio Álvarez Icaza invitó a periodistas de varias organizaciones y entidades del país a una sesión especial en la Cámara de Senadores el jueves 18 de noviembre. Allí les presentó la segunda versión de su iniciativa para reconocerles legalmente nueve derechos.
Tras ese encuentro, según se informó, continuará algo inusual en las cámaras del Congreso de la Unión, que esa iniciativa se está construyendo con periodistas. Al final del encuentro el Senador Álvarez Icaza, resumió “prefiero presentarla con sus opiniones que sin ellas”.
El proyecto pretende reformar dos leyes: Federal del Trabajo y del Impuesto Sobre la Renta para reconocer otros nueve derechos para ejercer el periodismo y que se sumarían a otros cuatro ya asentados en otras leyes.
De lograrse esas reformas se avanzaría otro poco en la reducción de las muchas vulnerabilidades de quienes ejercen el periodismo. Con 13 derechos reconocidos se aumentarían las fortalezas profesionales a quienes hoy laboran con altos niveles de precariedad y de inseguridad, no obstante que su función es de la más alta responsabilidad social.
Los nueve derechos.
En las 47 páginas de la propuesta de Álvarez Icaza, más de la mitad se dedican a explicar la precariedad laboral de las y los periodistas, su carencia de derechos específicos para cumplir con su función esencial para las relaciones democráticas y también de los enormes riesgos que tiene su labor en el entorno de violencia.
A lo largo de su introducción y en las propuestas de reformas se encuentran los enunciados para reconocer, implícitamente, derechos como actividad especial:
UNO. El reconocimiento del Estado mexicano de que la actividad profesional del periodismo es del interés público y que por tanto debe ser protegida, tutelada y promovida.
DOS. La precisión jurídica, ya prevista por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que periodistas son personas físicas distintas a las colaboradoras en periodismo.
TRES. El reconocimiento en la Ley Federal del Trabajo de que las y los periodistas son personas físicas que realizan un trabajo especial de alto interés social, incluidos quienes laboran como independientes.
CUATRO. El establecimiento de un trato como profesionales cuando sean empleados, merecedores de prestaciones adecuadas a su tipo de trabajo y un salario mínimo profesional superior al actual.
CINCO. Determinar la obligación de las empresas de brindarles medidas de protección cuando cumplan misiones o tareas de alto riesgo a su integridad.
SEIS. Reconocer como derecho inviolable el de hacer periodismo con libertad de conciencia.
SIETE. Especificar, especialmente para periodistas independientes, que incluye a reporteros gráficos, el derecho de propiedad como autor y/o autora de sus obra escritas, gráficas o del ámbito electrónico.
OCHO. Introduce el derecho de respaldo estatal y/o empresarial para la formación profesional continua.
NUEVE. Reconoce el derecho de periodistas como acreedores de estímulos fiscales para crear productos periodísticos complejos y/o para la creación de microempresas periodísticas.
Los otros derechos existentes
De aprobarse la iniciativa en las dos cámaras del Congreso de la Unión estos derechos serían de carácter federal se sumarían a otros cuatro existentes:
El derecho a mantener su integridad física, como a todas las personas usufructuarias de la libertad de expresión, derecho que ya existe desde 2012 en la Ley (federal) de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas;
El derecho de que se castigue penalmente, hasta con cárcel, a particulares o servidores públicos cuando cometan delitos dolosos en contra de algún periodista, persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta. Este derecho se ha reconocido en algunos códigos estatales y en el Código penal federal vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2018.
El derecho a mantener la secrecía de sus fuentes de información, reconocido parcialmente en la capital del país por la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico de la Ciudad de México, promulgada el 8 de junio de 2020. En el Senado se encuentran, al menos dos iniciativas para federalizar este derecho.
El derecho de acceso a la información que se esté generando, reconocido en la capital del país en la misma ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia de la Ciudad de México. Allí se especifica que “las personas periodistas y personas colaboradoras periodísticas tendrán acceso a los actos públicos que desarrollen las autoridades, o a los de carácter público que desarrollen los particulares. No se podrá prohibir la presencia de ningún periodista en estos actos.”
Con y para periodistas
En las dos cámaras del Congreso de la Unión, de 2012 a la fecha se han presentado al menos quince iniciativas para reformar la ley federal de protección y la ley federal del trabajo con la intención de mejorar la protección y los derechos laborales y sociales para periodistas, pero en su mayoría contienen datos desactualizados y con escasa visión de Estado. Parecen más ocurrencias para congraciarse con empresas de medios y periodistas que para resolver un problema nacional flagelante. Difícilmente se consulta a periodistas conocedores de su entorno y ni siquiera se dictaminan porque no entran en el rango de lo urgente, pero también porque las y los periodistas no hemos podido hacer darle fuerza al cabildeo.
En ese entorno, resaltan las acciones de Álvarez Icaza para construir una propuesta para periodistas con periodistas que pueda lograr, “el reconocimiento de sus derechos y mejorar sus condiciones de empleo.”
Desde el 3 de julio de 2019, le consta a este reportero, se hizo una reunión entre el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria y varios periodistas que externaron sus inquietudes y allí se acordó iniciar el proceso.
El 7 de septiembre de ese año se realizó en El Senado el Taller de los derechos laborales de las y los periodistas y como resultado se hizo la primera versión de la iniciativa.
En marzo de 2020 se convocó a reunión para examinar la primera versión, pero se declaró la pandemia y se decretó en el Senado el cierre de las instalaciones. No obstante, se hicieron consultas en línea con periodistas que conocen su medio ambiente laboral y profesional y resultó la segunda versión.
Y este jueves 18 de noviembre de 2020, ya con luz verde de la epidemia, se realizó una de los primeras sesiones presenciales en el Senado para consultas y discusión de una iniciativa de reformas con más de 40 mujeres y hombres periodistas.
Para presidir esta sesión Álvarez Icaza invitó a las y los periodistas que se reconocen entre los más batalladores por los derechos y seguridad de sus colegas:
Sara Lovera, directora de SemMéxico, a este reportero, a Cristina Renaud quien llegó de Querétaro y a Roberto Fuentes Vivar que fungió este año como presidente del Jurado del Premio Nacional de Periodismo del Consejo Ciudadano.
Con propuestas concretas llegaron colegas de la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión, de la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca, de la Fraternidad de Reporteros de México, de la Unión de Reporteros Gráficos, así como de las asociaciones internacionales Reporteros sin Fronteras y Artículo 19 y Causa Cívica.
Estuvieron también directores de portales informativos y periodistas desplazados (ex y beneficiarios del Mecanismo federal de Protección). Llegaron con recursos propios de Toluca, Querétaro, Morelos, Puebla y hasta de Zacatecas. Se externaron al menos diez proposiciones más para añadirlas. El jueves 25 de noviembre se hará otra revisión con estos y otros periodistas antes de presentar la iniciativa al pleno senatorial.
Reitero aquí lo que me permití decir en esa sesión: Si las y los periodistas preocupados por nuestra profesión no promovemos y defendemos los derechos que ayudarían a reducir nuestras vulnerabilidades que pretende reconocer esta iniciativa, le pasará lo que a las otras que han sido congeladas. Y mientras seguiremos padeciendo la creciente precariedad laboral y los altos riesgos de agresión y asesinatos.
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