- La OCDE hizo 14 recomendaciones relevantes entre las que destacan la coordinación eficaz de dependencias oficiales, más transparencia en las decisiones de gobierno y destinar más recursos para infraestructura y capacitación de personal técnico
- Señala que las autoridades mexicanas no tienen una estrategia común de ejecución, ni un plan transparente y plurianual con objetivos para tener un seguimiento adecuado de la ejecución regulatoria
- El reporte también señala la falta de un plan adecuado para manejo de envases vacíos de plaguicidas, así como de recursos para recolectar 50 millones de contenedores al año, pues se tiene apenas 10 por ciento para esa tarea
También advierte de los peligros de la comercialización de plaguicidas ilegales que alcanza entre el 10 y 25 por ciento del comercio mundial y representan una pérdida de 2 mil 800 millones de euros solo en la Unión Europea
La OCDE plantea que la participación de la industria de protección de cultivos abona a la transparencia y a mejorar la regulación de plaguicidas
La Industria de Protección de Cultivos coincide ampliamente con las recomendaciones del reporte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), “Gobernanza Regulatoria en el Sector de Plaguicidas de México” y expresa su total disposición a participar en el proceso para lograr un marco regulatorio mucho más eficaz, transparente y que supere los rezagos que actualmente enfrentan las dependencias oficiales.
Cristian García de Paz, Director Ejecutivo de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (PROCCYT), dijo que el reporte “ofrece una guía muy clara y precisa de muchas de las reformas que el país necesita para superar lo que la industria ha señalado desde hace tiempo: la falta de ejecución de una política eficaz para regular un sector clave que incide directamente en la salud, el medio ambiente y en la productividad del campo mexicano”.
Por su parte, Luis Eduardo González, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, A.C., (UMFFAC), dijo que “el reporte de la OCDE, además de hacer una evaluación exhaustiva de nuestro marco regulatorio, destaca la necesidad de destinar más recursos para la digitalización de los trámites de registro y para el monitoreo de plaguicidas, así como para contar con más personal técnico especializado para labores de inspección y vigilancia”.
El presidente de la UMFFAAC coincidió con el señalamiento de la OCDE en el sentido de que “en la práctica, México no cuenta con un proceso formal para medir el desempeño de las autoridades nacionales responsables de las actividades de gestión de plaguicidas que incluyen el monitoreo, el cumplimiento y la ejecución”. González Cepeda también coincidió con la necesidad indicada por la OCDE en el sentido de que sus decisiones se basen en un enfoque científico del riesgo en sus dimensiones para la salud y el medio ambiente, porque así se proporciona más transparencia al proceso de toma de decisiones y se reduce la discrecionalidad de la autoridad.
Los directivos de PROCCYT y UMFFAC coincidieron en que el país sin duda puede mejorar sustantivamente el marco regulatorio actual. El reporte lo describe como “excesivamente complejo y difícil de implementar, incluyendo el mantener y retener los requisitos técnicos actualizados y la labor fundamental de coordinación entre las dependencias.” El estudio indica que la fragmentación de las regulaciones sobre plaguicidas “genera metas contradictorias entre las dependencias, por ejemplo, aquellas relacionadas con la protección de la salud humana o el medio ambiente y la protección de cosechas, pueden tener un impacto sobre la cooperación entre secretarías o reguladores en la implementación de sistema en general”
En este sentido, García de Paz puso como ejemplo lo que ya está sucediendo en el país: “La Secretaría de Medio Ambiente decide limitar los permisos de importación de productos fitosanitarios, sin el respaldo de evidencia científica sólida, y sin importar que esa decisión afecte las políticas que la Secretaría de Agricultura o el SENASICA puedan promover para la productividad del campo; además de ignorar que dichos productos cuentan con el registro (y por lo tanto la certificación) de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS.
El Director de PROCCYT agregó que al sector de plaguicidas lo regulan 6 leyes federales, como la Ley Federal de Salud, la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 14 reglamentos, incluido el de actividades peligrosas y más de 30 Normas Oficiales Mexicanas, en donde se establecen parámetros de aplicación, de uso, manejo, transporte, distribución, etc. “todo lo cual, a pesar de ser muy robusto, integra un marco regulatorio complejo y, propenso a la descoordinación entre dependencias oficiales, que dificultan la aplicación de la normatividad, misma que debería tener los estándares del primer mundo, como lo sugiere la OCDE”.
De particular importancia resulta combatir lo que también la Industria de Protección de Cultivos ha insistido: combatir la proliferación de plaguicidas ilegales en el mercado, que alcanza entre el 10 y 25% del comercio mundial de acuerdo al reporte de la OCDE, y representan una pérdida de 2 mil 800 millones de euros tan solo en la Unión Europea.
Los directivos de PROCCYT y UMFFAC coincidieron también en que, sería altamente deseable que nuestro país se apegue a los lineamientos del reporte de la OCDE, es decir, que se actúe con objetividad (basados en la evidencia), independencia, eficacia, consistencia, que exista compatibilidad con regulaciones internacionales, y que se ofrezca certidumbre y confianza sobre los procesos y calendarios regulatorios.
Por último, García de Paz y González Cepeda refrendaron la disposición de la Industria de Protección de Cultivos para participar en la preparación e implementación de la mejora regulatoria sobre los plaguicidas y, ratifican lo que el reporte señala en el sentido de que “los reguladores mexicanos pueden beneficiarse de tener un compromiso más dinámico y periódico con los actores interesados (en materia de plaguicidas), incluyendo la industria, las ONG y los académicos.
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