En nuestra demanda, consideramos que solicitar un crédito destinado a comprar mobiliario y bienes inmuebles, al pago de gastos y costos derivados de la contratación de financiamientos anteriores, así como la constitución de fondos de reservas, es un acto que pone innecesariamente en riesgo las finanzas públicas del estado, limita el desarrollo de la entidad por los próximos veinte años, y endeuda de manera injustificada a varias generaciones de tamaulipecos.
Cd. de México, 31 de agosto del 2020. – Como una acción en defensa de los intereses económicos y sociales de los tamaulipecos, el 22 de abril presentamos una demanda de amparo ante los tribunales federales, en la que manifestamos nuestra inconformidad al crédito de 4 mil 600 millones de pesos que los diputados del PAN y Movimiento Ciudadano en el Congreso del estado autorizaron al Ejecutivo estatal.
En nuestra demanda, consideramos que solicitar un crédito destinado a comprar mobiliario y bienes inmuebles, al pago de gastos y costos derivados de la contratación de financiamientos anteriores, así como la constitución de fondos de reservas, es un acto que pone innecesariamente en riesgo las finanzas públicas del estado, limita el desarrollo de la entidad por los próximos veinte años, y endeuda de manera injustificada a varias generaciones de tamaulipecos.
Valoramos esa acción como un acto de oportunismo político por parte del gobierno del estado ante las lamentables condiciones de crisis sanitaria que padecen los tamaulipecos, buscando sacar provecho a costa de las finanzas públicas y el bienestar de la gente.
Siguiendo la política trazada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nos hemos opuesto públicamente a la contratación de deuda pública como medida para resolver los graves problemas económicos y sociales por los que atraviesa Tamaulipas, los cuales han sido causados por la errática política financiera del gobierno del estado.
Consideramos que la solución a la crisis financiera por la que atraviesan las finanzas públicas estatales no es la contratación de más deuda sino la implementación de una política efectiva de inversión pública para el desarrollo económico y social, el combate a la corrupción y a la impunidad, así como honestidad y austeridad republicana en el manejo de las finanzas estatales, y no la contratación de un crédito multimillonario a largo plazo que cancela por generaciones las expectativas de vida digna de la gente que menos tiene.
Como ciudadano respetuoso de las instituciones y del estado de derecho, he acatado la determinación de la autoridad judicial federal de sobreseer el juicio que promovimos, no obstante haremos valer los recursos legales que tenemos a nuestro favor para impugnar dicha resolución. Queremos dejar muy en claro que vamos a continuar luchando de manera permanente y con toda nuestra energía, como ha sido mi compromiso con la gente, por la defensa de los intereses económicos y sociales de los tamaulipecos.
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