Gobernadores buscan contrarreforma penal. Nosotros, debate y parlamento abierto

Lejos de plantear una solución para “abatir la impunidad” o acabar con la llamada “puerta giratoria”, la propuesta presentada por un grupo de gobernadores traerí­a de regreso algunos de los peores aspectos del anterior sistema penal.

• La propuesta de reforma implica una concentración del poder en las fiscalí­as, en menoscabo de los derechos de los imputados y de las ví­ctimas.
• Preocupa especialmente la modificación de varios artí­culos que violarí­an la presunción de inocencia.

Por https://www.mexicoevalua.org/

Ciudad de México, a 31 de julio de 2020.-Aprobar en sus términos la propuesta de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), presentada ante la Junta de Coordinación Polí­tica del Senado, supondrí­a un grave retroceso en el desarrollo del sistema de justicia penal, el cual debe proteger los derechos de ví­ctimas e imputados, respetar el principio de igualdad procesal y operar con controles, contrapesos y estándares altos.

En el diagnóstico que motiva esta iniciativa, los gobernadores aducen razones derivadas de los agudos problemas de inseguridad y de procuración de justicia que sufre el paí­s, que mezclan verdades con lugares comunes y falacias —como la “puerta giratoria” como sí­ntoma absoluto de la falta de eficacia del sistema—.

Lo que nos preocupa es la solución propuesta para esos problemas, basada en enmiendas o adiciones desarticuladas y fragmentarias a artí­culos del CNPP. En conjunto, abren la puerta a un mayor encarcelamiento indiscriminado, a la expansión del populismo penal y a la vulneración de derechos. Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, lo dijo así­ durante la presentación ante el Senado: “Se trata de darle dientes al Estado”.

Estos son los elementos más alarmantes: Cambios en el concepto de presunción de inocencia y medidas cautelares

Modificación al artí­culo 140. Imposición de medidas cautelares sin vinculación a proceso. La reforma plantea la obligación del juez de determinar e imponer medidas cautelares en el periodo de retención ministerial, violando la presunción de inocencia. Recordemos: si las medidas cautelares se imponen antes de ser vinculado a proceso es porque el imputado hace uso de un derecho exclusivo de la defensa. No debe ser una atribución del fiscal y el juez.

Modificación al artí­culo 167. Ampliación de los riesgos de fuga para aplicar la prisión preventiva oficiosa. Se propone agregar como consideración de riesgo de fuga el hecho de que el imputado tenga procesos penales o administrativos previos por conductas dolosas. Eso implica una violación al principio de inocencia y una presunción de culpabilidad, así­ como una estigmatización para aquéllos con antecedentes penales y una promoción al punitivismo.

Otorgamiento de facultades extraordinarias al tribunal

Modificación al artí­culo 402. Reclasificación en sentencia por el juez. La reforma plantea que si el fiscal acusó por un delito distinto al que probó, será obligación del juez corregir dicho error, lo que lo convierte en parte, cuando éste sólo debe dirigir la audiencia. Se trata de una violación al principio de congruencia de la acusación hecha por el ministerio público.

Ampliación de los términos que tiene el Ministerio Público para actuar

Modificación al artí­culo 377, en la declaración del acusado. Tanto la Constitución como el CNPP vigente prevén el derecho del imputado a guardar silencio. La propuesta de reforma establece que durante la etapa de juicio o en cualquier otra etapa del proceso, si el imputado decide declarar, éste tendrá entonces la obligación de responder a todos los cuestionamientos realizados por las partes o el juez. Esto merma los derechos procesales del imputado, es inconstitucional e inconvencional.

Formalización de la cuasiflagrancia y golpe a la libertad personal: cambios en las formas de conducción del imputado al proceso pena

Modificación al artí­culo 141. Eliminación de la Orden de Comparecencia. Ser acusado de un delito y por alguna razón no cumplir con un citatorio del fiscal serí­an suficientes para presumir riesgo, actuar con cautela, solicitar una Orden de Aprehensión y, por tanto, restringir la libertad personal. Se incentiva así­ la fabricación de actuaciones para obtener órdenes de aprehensión a diestra y siniestra, y se derogan garantí­as de seguridad, como la puesta inmediata a disposición del juez.

Modificación al artí­culo 146. Bastarí­a el señalamiento de una sola persona para que se configurara la detención en flagrancia, lo cual Implicarí­a la formalización de criterios inconstitucionales que la SCJN ya ha resuelto.

La probabilidad de que esta propuesta presentada por el gobernador de Oaxaca sea promovida por el presidente de la Junta de Coordinación Polí­tica del Senado, Ricardo Monreal, y que se busque su votación en el periodo extraordinario de sesiones, es grande.

Hacemos un llamado urgente para que legisladores, gobernadores y funcionarios se abran a una discusión abierta, incluyente y reflexiva. Los datos y evidencia que expertos, académicos y sociedad civil han generado sobre la operación del sistema acusatorio deben ser tomados en cuenta antes de seguir proponiendo soluciones fragmentarias, contraproducentes y sumamente regresivas.

ATENTAMENTE

Organizaciones
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Borde Jurí­dico
Causa en Común
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustí­n Pro Juárez
Centro Profesional Indí­gena de Asesorí­a, Defensa y Traducción, A.C. (CEPIADET)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Consejo Cí­vico de Instituciones de Coahuila AC
C17. Justicia e Incidencia para los Derechos Humanos
Derechos sin Barreras
Documenta
Elementa DDHH A.C.
Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra A.C.
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.
IDHEAS, Litigio Estratégico en DH. A.C.
Impunidad Cero
Instituto de Justicia Procesal Penal
Instituto de la Mujer Restaurada A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.
Institución Renace A.B.P.
Mesa Metrópoli Monterrey
México Evalúa
México Unido contra la Delincuencia
Reinserta
Observatorio Designaciones Públicas
Observatorio Sonora por la Seguridad
Observatorio Mexicano de Derechos Humanos A.C. (OMDHAC)
Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
Une México

Individuos

Alberto Guerrero Baena

Alejandra Wade Villanueva

Alejandro Espino

Alfredo Peña

Ana Dulce Aguilar

Ana Lorena Delgadillo Pérez

Belém Barrera

Chrí­stel Rosales

Cristina Reyes Ortiz

Clara Santos

Daniel Serrano de Rejil

Daniel Vázquez

í‰dgar Cortez

Edna Jaime

Emilio Marcel Regidor Eternod

Enrique Bouchot

Ernesto Peralta

Felipe Arturo Velázquez Chávez

Fernando Ramos Casas

Gabriela Ortiz Quintero

Irene Tello Arista

Itzayana Borgua

Jimena Candano Conesa

Jorge Carbajal

José Luis Gutiérrez Román

Joseph Irwing Olid Aranda

Juan Francisco Torres Landa

Karen Silva Mora

Laurence Pantin

Leopoldo Hernández Romano

Lisa Sánchez

Lucí­a Chávez

Luna Mancini

Manuel Emilio Hoyos Dí­az

Marí­a Elena Morera

Mariana Niembro

Martí­n Carlos Sánchez Bocanegra

Mayra Hernández

Miroslava Ortiz Flores

Pablo Girault

Paola Zavala Saeb

Pedro Terán

Pilar Déziga

Saskia Niño

Socorro De la Mora Carnalla

Susana Camacho

Susana Donaire

Tania Luna

Teresa Troncoso

Tomás López Sarabia

Ví­ctor Alejandro Domí­nguez Dí­az

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