Al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y a la opinión pública

A través de la presente, las Organizaciones de la Sociedad Civil firmantes, hacemos un llamado urgente al Comité Coordinador a aprobar la Polí­tica Nacional Anticorrupción (PNA).

El paí­s no puede avanzar de manera contundente en el combate a la corrupción, pues desde hace más de un año, se encuentra en espera de una polí­tica que promete darle rumbo y coherencia a todos los esfuerzos que se hacen a lo largo y ancho de la república para atender el mayor problema de nuestra democracia.

Desde el año 2017, representantes de todos los sectores económicos, sociales y polí­ticos del paí­s han trabajado en la construcción de una propuesta de PNA que integre directrices claras de cómo, la sociedad civil y el gobierno, pueden trabajar de manera conjunta para combatir la corrupción. De igual manera, que de luz sobre el rumbo que seguirán los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción.

En el 2018, se llevaron a cabo consultas digitales ciudadanas y ocho foros regionales con el objetivo de recabar comentarios, opiniones y propuestas relacionadas con las acciones que deberí­an ser prioritarias. A inicios del 2019, la Secretarí­a Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción entregó la versión definitiva del documento de la Polí­tica Nacional Anticorrupción al Comité Coordinador para su discusión y aprobación.

Sin embargo, a un año de su presentación pública, aún no se cuenta con la claridad sobre la fecha de su aprobación, ni los contenidos finales. Faltando así­ a lo establecido en el artí­culo 9, fracción III, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

La reciente designación de Loretta Ortí­z Ahlf como representante del Consejo de la Judicatura Federal en el Comité Coordinador, permite que se incorporen todas las opiniones de los integrantes del Comité a la PNA. Esta última fue la razón por la cual la PNA no fue aprobada durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, celebrada el dí­a 5 de noviembre del presente.

Por ello, las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos este posicionamiento, hacemos un llamado urgente a dar celeridad y prioridad a la aprobación de la Polí­tica Nacional Anticorrupción para que en el 2020 el paí­s pueda arrancar con un instrumento que articule y nos permitirá avanzar en nuestro derecho a vivir una vida libre de corrupción.

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