Nueve de cada diez, de acuerdo con enjuiciar a Bartlett

México.- El 92%, es decir nueve de cada 10 de las personas está a favor de que se investigue a Manuel Bartlett, titular de la CFE, luego de que se reveló que tiene una fortuna de 800 millones de pesos en bienes raí­ces y que habrí­a ocultado su participación en 12 empresas, no reportadas ante la Secretarí­a de la Función Pública (SFP).

Según una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, 92.4% está de acuerdo, 4.8% está en desacuerdo, 1.9% no sabe, 0.6% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 0.3% no contestó.

Sobre el mismo caso, la mayorí­a cree que la declaración del titular de la CFE es falsa.

Para el 76.4% cree que la declaración de Bartlett es falsa, mientras que 7.6% considera que el documento es verdadero, 14.1% no sabe y 1.9% no sabe.

La metodologí­a utilizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica fue una encuesta telefónica realizada del 23 al 25 de septiembre a ciudadanos mayores de 18 años que residen en la República Mexicana y que cuentan con lí­nea fija en su hogar.

“Se obtuvo una muestra de 802 casos distribuida de manera proporcional a la lista nominal de las 32 entidades. Con un nivel de confianza de 95%, el error teórico es de ± 3.46% a nivel nacional. Los resultados reportados están basados en los estimadores de Horvitz-Thompson, calibrados y redondeados a un decimal. La ponderación está realizada con base en la lista nominal y datos sociodemográficos (sexo y edad) del INE”, agrega la empresa encuestadora.

La fortuna de Bartlett

El periodista Carlos Loret de Mola reveló que Manuel Bartlett, ocultó a la Secretarí­a de la Función Pública su relación con 12 empresas y además afirmó no tener ningún conflicto de intereses.

De 2001 a 2017, la familia Bartlett constituyó 10 sociedades, cinco encabezadas por la pareja del titular de la CFE, Julia Abdala Lemus, y cinco por su hijo León Manuel Bartlett ílvarez. En otras dos, Bartlett participa directamente: ambas fueron creadas antes de 2000 y están vigentes ante la Secretarí­a de Economí­a.

Lo anterior se suma a bienes inmuebles a nombre de sus familiares, por lo cual la Función Pública abrió una investigación.