La táctica sobre la sanción a maestros y directivos de las escuelas públicas de Tamaulipas sigue en pie porque las autoridades de educación mantienen en alto el principio de gratuidad, según el Artículo 3º. Constitucional.
Sin embargo, pocos son quienes cuestionan a los funcionarios de los tres niveles de gobierno sobre el texto de la fracción XXV del Artículo 73º del mismo ordenamiento que señala como obligación del Congreso para sostener escuelas en el país.
El tema es interesante porque aquí no es de gobiernos tricolores o azules, sino de una determinación constitucional que data de muchas décadas y que, pese a haberse reformado este artículo, esa parte sigue vigente.
Los maestros y directivos de las escuelas deben incluso cumplir las indicaciones de la Secretaría de Educación, pero en los centros escolares no hay material con qué responder las exigencias de las autoridades, por lo que piden a la Asociación de Padres de Familia auxilio y éstas, en asambleas, acuerdan las cuotas.
El caso de unos padres de familia de la escuela primaria “Profra. Eusebia Banda Sevilla†del Fraccionamiento Jardines de Champayán en Altamira, que salió a la luz pública e incluso hay imágenes en la televisión nacional sobre el tema.
El encargado del despacho de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, informó a la televisora que sancionarán al director de la escuela por permitir que un comité de padres de familia no dejó ingresar a varios niños a su escuela al acusarlos de no pagar la cuota escolar.
El tamaulipeco funcionario declaró a Foro Tv de Televisa, que “Esto no hubiera sucedido si nuestro director se hubiera impuesto y no lo hubiera permitidoâ€, aunque no dejó en claro eso de “imponerseâ€.
Todavía más, Gómez Monroy, declaró ante los micrófonos de la Tv nacional que por esta acción habrá consecuencias que podrían ir desde una amonestación hasta la separación del cargo.
Será interesante enterarnos de cuáles son las indicaciones de protocolo para “imponerse†ante un grupo de padres de familia o que se niegan a cumplir los acuerdos de Asamblea o en su caso, “imponerse†ante la mesa directiva de los pather familia para que no cobren.
Dice el encargado del despacho de la educación en Tamaulipas: “Estamos en espera de que el área jurídica nos informe†y luego añadió que la SET y un representante de la Sección 30 del SNTE, investigan el incidente.
¿Podría entenderse que son dos comisiones que investigan? Y entonces ¿Cuál sería la válida en caso de contradicción?
Pese al escándalo mediático, la alta autoridad educativa señaló hasta que la Comisión de Derechos Humanos, la Procuraduría del DIF estatal y municipal monitorean el estado emocional de los niños y su registro en el ciclo escolar.
En la entrevista televisiva no quedó claro si los padres de familia de los alumnos afectados, presentaron alguna denuncia formal contra los directivos o algún maestro en particular.
Don Mario Gómez Monroy, dejó en claro que en el hecho de la escuela primaria de Altamira, no hubo docentes o directivos señalados como, quienes impidieron el ingreso de los niños al plantel. Se identificaron a integrantes de la Asociación de Padres de Familia de la escuela primaria.
Finalmente los maestros y el director de la escuela informaron que todos los estudiantes están asistiendo a clases regularmente.
Sería muy saludable que los funcionarios determinaran las acciones a seguir para que sea el Estado Mexicano quien absorba todos los gastos de los planteles y no sucedan este tipo de situaciones que han originado serias irregularidades en las relaciones padres de familia-personal docente.
Dicen los viejos… “piensa mal y acertarásâ€. ¿Pudiéramos pensar que el H. Congreso de la Unión si cumple con el Art. 73, Fracc. XXV, y el presupuesto se ‘atora o desvía’ por ahí?
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