Nadie mejor que el doctor Armando Trejo Moreno sabe que no cumple con los requisitos para la renovación de la dirigencia del Sindicato íšnicos de Trabajadores al Servicio de los Poderes de Tamaulipas (SUTSPET), por lo que insistir en participar en la elección interna programada para septiembre, es estar jugando con fuego porque puede desencadenar enfrentamientos entre los distintos grupos de la burocracia estatal.
El también delegado sindical del Hospital Civil de Ciudad Victoria también sabe que los estatutos del SUTSPET sólo se pueden reformar durante una asamblea del Consejo Estatal, pero como no se ha hecho ningún cambio sigue vigente el marco legal que permite la participación de delegados exclusivamente.
De igual forma, Trejo Moreno sabe que ninguna autoridad puede intervenir para que la renovación de la dirigencia del SUTSPET sea a través del voto secreto y directo de los trabajadores, puesto que este derecho todavía no está establecido en los estatutos de la organización sindical.
Ni siquiera está establecido en la constitución local, por lo que algún grupo parlamentario de la próxima Legislatura Local deberá de presentar una iniciativa a fin de reformar los estatutos de la organización sindical para que la elección de la nueva dirigencia sea a través del voto secreto y directo de las y los trabajadores.
Señalar que si no tiene el apoyo de las autoridades locales recurrirá a las federales no sólo es un vil engaño para la clase trabajadora, sino también es un juego peligroso porque ya nadie quiere otra reelección de Blanca Valles Rodríguez, quien lleva más de 20 años al frente del SUTSPET.
Tiene razón cuando afirma que no se puede permitir que siga vigente el cacicazgo de Valles Rodríguez, sin embargo no se podrá ponerle fin en la próxima asamblea programada para septiembre, aunque si será necesario establecer la necesidad de cambiar los estatutos para lograr el democracia sindical que demandan todos los trabajadores estatales.
En otro tema, vaya escándalo que se avecina en caso de que sean ciertas las supuestas pruebas de soborno a los diputados locales de Baja California, que presentó ayer el excandidato del PRD, Jaime Martínez Veloz, quien al ratificar su denuncia presentó un video en donde el presidente del Congreso Local de aquella entidad, Benjamín Gómez Macías, reconoce que el Administrador de Aduanas de Mexicali le ofreció un millón de dólares por avalar la ampliación del periodo de gobierno de dos a cinco años de Jaime Bonilla Valdez.
Martínez Veloz pidió que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, profundice la investigación en torno a los sobornos que supuestamente recibieron los diputados locales de Baja California para ampliar el periodo de gobierno de Bonilla Valdez, cuya reforma es conocida popularmente como la “Ley Bonillaâ€.
Recientemente, la Comisión de Orden y Disciplina del PAN expulsó por unanimidad a diputados locales involucrados en el escándalo de recibir sobornos para ampliar el periodo de gestión gubernamental de Bonilla Valdez, es decir José Félix Arango Pérez, Iraís María Vázquez Aguiar, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak, Sergio Tolento Hernández, Carlos Alberto Torres Torres y Alfa Peñaloza Valdez, además de otros funcionarios.
Incluso, varios consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) han exhortado al presidente del Congreso Local de Baja California, Gómez Macías, a dar marcha atrás a la llamada “Ley Bonilla†para preservar el estado de derecho y no violentar el sistema político del país.
En otro tema, en verdad sorprendió ayer que la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), que preside Alejandro Díaz de León Carrillo, haya decidido reducir en 25 puntos la tasa de interés interbancaria, sobre todo cuando la mayoría de especialistas y analistas financieros creían que no haría ningún cambio ante la incertidumbre que hay en el panorama internacional a causa de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
En un comunicado de prensa, la Junta de Gobierno de Banxico dio a conocer que la tasa de interés se reducía de 8.25% a 8.00%, cuya decisión propiciará que los créditos a los usuarios sean más baratos y las inversiones más atractivas en el país.
El argumento principal fue que la inflación ha disminuido conforme a lo previsto, además de que se requiere impulsar el mercado interno a través de créditos más accesibles, además de reactivar el proceso productivo del país ante el aumento de las ventas del consumidor.
