López Obrador encarga la dirección del nuevo cuerpo de seguridad a un militar en activo, Luis Rodríguez Bucio, y obvia el acuerdo de los partidos en el Congreso
Por PABLO FERRI
México.- Un militar en activo será el jefe operativo de la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo de seguridad de México, auspiciado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Así lo anunció este jueves el mandatario en su habitual rueda de prensa matutina. En una imagen para el recuerdo, López Obrador compareció acompañado del futuro comandante de la guardia, el general Luis Rodríguez Bucio, además de los secretarios de Defensa y Marina y otros militares. También estuvo el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y una comisaria de la Policía Federal. En todo caso, los civiles eran minoría.
Se acentúa así el desequilibrio entre lo civil y lo militar, espíritu del acuerdo alcanzado hace mes y medio en el Congreso, que subordinaba la Guardia Nacional a la secretaría de Seguridad Ciudadana. Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, dice: “La Guardia Nacional de la Constitución es civil, la del presidente es militar. Bucio no tiene en su historia formación alguna sobre seguridad ciudadana, reforma policial democrática, policía comunitaria, modelos de prevención de la violencia. Su perfil no tiene que ver con el mandato constitucional que obliga a la Guardia Nacional a crear una doctrina de servicio policial. La pregunta es, ¿cuál es el perfil de Bucio? Estrictamente militar. Y tenemos que entender que es el perfil que quiere el presidente. No es el perfil que marca la constitución. ¿Dónde está el perfil civil?”.
Desde que López Obrador asumió la presidencia en diciembre, la composición, la adscripción y el mismo espíritu de la Guardia Nacional han sido motivos de debate. El presidente planteó desde el principio que la guardia fuera una emanación del propio Ejército, que desde hace años sustituye a la policía en buena parte del país. La oposición política y organizaciones de la sociedad civil criticaron las intenciones del mandatario y llevaron el debate al Congreso. Fueron meses de discusiones sobre la pertinencia de crear un nuevo cuerpo de seguridad; si ese cuerpo debía colocarse bajo el paraguas de la secretaría de la Defensa o de la de Seguridad; si el jefe debía ser civil o militar; si la capacitación debía quedar en manos del Ejército, etcétera.
Al fondo de las discusiones ha figurado el papel policial del Ejército durante los últimos dos Gobiernos, el de Felipe Calderón, de 2006 a 2012 y el de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018. Con Calderón, el papel de los militares cambió, abandonando su carácter auxiliar en desastres naturales, asumiendo tareas que habían correspondido a policías. Incapaces en algunos casos, corrompidas en otros, las policías, zanjó Calderón, no podían con el crimen organizado. Peña Nieto adoptó una postura continuista, el Ejército siguió encargándose de la seguridad. Al final de su Gobierno el desgaste era evidente. A lo largo de los años los militares habían sido señalados en decenas de ocasiones por uso excesivo de la fuerza y violaciones a derechos humanos. Por no hablar de su escaso gusto por la rendición de cuentas. Valga como ejemplo su resistencia a facilitar las pesquisas de los investigadores civiles del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Durante la campaña, López Obrador amagó con la vuelta del Ejército a los cuarteles en caso de victoria. Lo que pocos esperaban es que su repliegue concluiría en la fundación de una nueva corporación de carácter castrense. La pelea en el Congreso ha sido un tira y afloja entre Morena, el partido del presidente, y la minoritaria oposición, apoyada por organizaciones no gubernamental que exigen la desmilitarización de la seguridad pública.
En febrero ambas partes llegaron a un acuerdo. La guardia nacional sería una policía de carácter civil, con mando civil. Ejército y Armada cederían temporalmente efectivos hasta que los reclutas del nuevo cuerpo acabaran su capacitación. El Congreso discutiría las llamadas leyes secundarias, que regirán el actuar de la guardia.
Pero hace unas semanas, López Obrador dijo que el mando de la guardia sería un militar en activo. López Portillo, que participó en las discusiones en el Congreso estos meses dice: “Al ser un mando militar, el control político se debilita. Porque la disciplina militar del mando lo llevará a reproducir sus enseñanzas en cadena de mando militar. Cuesta trabajo pensar que pueda haber una subordinación al control político civil”.
Información de El País
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