El Gabinete de López Obrador tropieza con la transparencia

El Gobierno de Morena presume de que 19 altos funcionarios han hecho públicos sus datos patrimoniales a pesar de que algunos se han resistido a hacerlo

Por Luis Pablo Beauregard

La transparencia ha dado dolores de cabeza a los secretarios del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador. En algo más de una semana, la polémica ha tocado a tres destacados ministros de un Gobierno vehementemente comprometido con el combate a la corrupción. El esfuerzo por dar transparencia a los patrimonios de la alta burocracia ha revelado propiedades ocultas en Texas de los encargados de los ministerios de Gobernación (Interior) y Comunicaciones y Transportes. También ha matizado la trayectoria curricular del encargado de la Secretarí­a de Educación Pública, quien ha terminado por reconocer que no ha concluido la segunda licenciatura de la que presumí­a. Los expertos consideran que este es un buen ejercicio para arrojar luz sobre la Administración pública, que ha vivido en la opacidad en los últimos sexenios.

Esteban Moctezuma, el secretario de Educación, es el hombre encargado de sepultar la polémica reforma educativa aprobada en el Gobierno de Enrique Peña Nieto. El funcionario, quien tiene una maestrí­a en Filosofí­a en Cambridge, ha sido uno de los más recientes afectados por la orden expresa de López Obrador de informar con transparencia de bienes y trayectorias en una plataforma pública accesible en Internet. El presidente habí­a dado un ultimátum a sus colaboradores para hacerlo. El domingo, el currí­culum de Moctezuma, titulado en Economí­a, que también figuró en el Gabinete del presidente prií­sta Ernesto Zedillo (1994-2000), fue rectificado con una nota: “preciso que estudié la carrera de Derecho y debo presentar unas materias faltantes para concluir”.

ALGUNAS RESISTENCIAS

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, ha presumido que 19 altos funcionarios del Gobierno han informado sobre sus propiedades. Entre ellos están los secretarios de Estado, el jefe de la oficina de la presidencia, el vocero y los encargados de las compañí­as productivas del Estado como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Unos 250.000 funcionarios, de directores generales hacia arriba, tienen la responsabilidad de responder 216 preguntas sobre ingresos, gastos, inversiones, presuntos conflictos de interés e información fiscal. Existe una propuesta para elevar el cuestionario a 780 interrogantes.

Pero también hay algunas resistencias. Cinco subsecretarios no han presentado sus declaraciones y otros lo han hecho reservando la información que hay en ella, algo que fue expresamente prohibido por el mandatario mexicano. Entre ellos destacan el subsecretario para América del Norte de Relaciones Exteriores, Jesús Seade Kuri; y el subsecretario de Economí­a, Ernesto Acevedo. Otros 16 subsecretarios lo han hecho de manera parcial.

Un dí­a después, el lunes, el diario Reforma publicó que Javier Jiménez Espriú, el ingeniero a cargo del ministerio de Comunicaciones y Transportes, habí­a omitido incluir en su declaración patrimonial un apartamento en Houston, Texas, que tendrí­a un costo de 346.000 dólares (6,6 millones de pesos). El funcionario habí­a dejado en blanco los espacios de propiedades y empresas en la declaración que hizo a finales de diciembre. Sin embargo, la revelación periodí­stica lo obligó a dar explicaciones por el apartamento en Estados Unidos.

Jiménez Espriú explicó que esta vivienda, comprada por su esposa en 1992, fue donada a una sociedad mercantil creada en Estados Unidos de la que fue administrador. “De manera previa a mi regreso como funcionario público, las acciones de la sociedad que se encontraban a mi nombre pasaron a la titularidad de mi hijo, Javier Jiménez Gutiérrez”, justificó el secretario esta semana en un boletí­n de prensa. El funcionario asegura que la transferencia de acciones a su hijo, quien no pertenece a la Administración, lo exime de declarar la propiedad. Esto es disputado por expertos en transparencia. “Habrí­a que contrastar si la autoridad recibió la notificación de que la empresa existe”, aseguró esta semana Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana (TM). El analista consideró que este tipo de donaciones en vida tendrí­an que reflejarse en formatos más exhaustivos de declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés. Estos serán la regla una vez que entre en acción el Sistema Nacional Anticorrupción, que está conformándose.

El caso de Jiménez Espriú fue el segundo en una semana. Reforma también reveló el 6 de febrero que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, es propietaria de un ático que vale más de 500.000 dólares en Houston, Texas. La secretaria, quien fue juez del Supremo durante 15 años, uno de los cargos públicos mejor pagados en México, se defendió diciendo que sí­ lo habí­a declarado ante la Secretarí­a de la Función Pública (SFP), pero que no aparecí­a por estar en copropiedad junto a su esposo, el notario Eduardo Garcí­a Villegas.

López Obrador ha dicho esta semana que la Ley de Austeridad Republicana, pendiente de ser votada en la Cámara de diputados, obliga a los servidores públicos a informar con transparencia sobre sus patrimonios, algo que antes no era un requisito para los funcionarios públicos. “Lo mismo se va a hacer con los funcionarios públicos que terminan su desempeño en un cargo y luego pasan a trabajar a las empresas relacionadas con el desempeño que tení­an”, afirmó el mandatario este martes al sugerir una veda de una década para que un exfuncionario salte al sector privado.

Irma Eréndira Sandoval, la encargada de la SFP, dijo que el patrimonio de los 19 miembros del Gabinete ya está disponible a los ojos de los mexicanos. “De los tres Gobiernos anteriores somos los únicos que han dado el 100% de publicidad total a los datos patrimoniales”, aseguró. Según Sandoval, ninguno de los secretarios de Peña Nieto lo hizo y en el de Felipe Calderón solo lo hicieron cuatro ministros, el 21% de la Administración 2006-2012. En el Gobierno del panista Vicente Fox, que logró derrotar al PRI, solo un funcionario hizo público su patrimonio.

Bohórquez consideró que el esfuerzo de la Administración de Morena es “una enorme diferencia” si se compara con lo que hizo el Gobierno de Peña Nieto por la transparencia. “Cuando el secretario de Agricultura hizo pública su declaración lo que tuvo como respuesta fue el rechazo del resto del Gabinete y una señal del presidente de que no habí­a que moverse”, dijo el encargado de TM. “El contraste es claro aunque con la transparencia tropiezan los funcionarios de todos los colores y de todos los partidos polí­ticos”.

Con información de ElPais.com