El gobierno de José Antonio Kast impulsa una reforma tributaria que busca reducir el impuesto corporativo y atraer mayor inversión privada. La medida genera respaldo entre empresarios y críticas de economistas que advierten posibles riesgos para la recaudación pública.
La nueva administración de Chile abrió uno de los debates económicos más intensos de su inicio de gobierno: una reforma que plantea reducir el impuesto que pagan las empresas con el argumento de impulsar la inversión, fortalecer el crecimiento y generar más empleos.
La propuesta forma parte del llamado Plan de Reconstrucción Nacional, una iniciativa que busca modificar el sistema tributario y laboral mientras el gobierno enfrenta presiones por el déficit fiscal y la necesidad de ordenar las finanzas públicas.
El proyecto contempla reducir gradualmente la tasa del impuesto corporativo desde el 27% hasta el 23%, una medida que sus impulsores consideran clave para mejorar la competitividad de Chile frente a otros mercados.
El argumento del gobierno: más inversión y crecimiento
El equipo económico de Kast sostiene que disminuir la carga tributaria permitirá que las compañías tengan más recursos disponibles para invertir, expandirse y contratar trabajadores.
Desde esta visión, el problema principal no sería aumentar la recaudación mediante mayores impuestos, sino generar condiciones para que la economía crezca y con ello aumenten los ingresos del Estado.
La estrategia tiene similitudes con políticas aplicadas en otros países, como Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, cuando se redujo el impuesto federal a las empresas con la promesa de incentivar la actividad económica.
Sin embargo, los resultados de este tipo de medidas siguen siendo motivo de discusión entre especialistas, debido a que algunos estudios señalan que parte de los beneficios empresariales pueden terminar destinados a dividendos o recompra de acciones, en lugar de nuevas inversiones productivas.
Los sectores críticos de la reforma advierten que una reducción de impuestos podría disminuir los recursos disponibles para financiar servicios públicos.
Economistas opositores al plan señalan que el crecimiento económico esperado no necesariamente compensaría la menor recaudación y que el ajuste podría aumentar la presión sobre áreas como salud, educación y programas sociales.
También existe preocupación por el impacto distributivo, ya que algunos expertos consideran que los principales beneficiarios podrían ser grandes empresas y personas con mayores ingresos.
Uno de los argumentos del gobierno chileno es que otros países desarrollados han reducido sus impuestos corporativos durante las últimas décadas.
La comparación, sin embargo, es más compleja. Los especialistas explican que no basta con observar la tasa establecida en la ley, ya que cada país tiene distintos sistemas de deducciones, créditos fiscales, beneficios y formas de integrar impuestos empresariales con impuestos personales.
Dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) existen grandes diferencias: algunos países mantienen tasas corporativas elevadas, mientras otros tienen modelos con impuestos mucho más bajos.
Ejemplos como Irlanda y Estonia suelen ser citados por quienes defienden una menor carga tributaria, debido a sus esquemas orientados a atraer inversión extranjera.
Un modelo que busca cambiar la relación empresa-Estado
Además de reducir el impuesto corporativo, la reforma propone integrar completamente los impuestos pagados por las empresas con los impuestos personales de sus propietarios.
También incluye incentivos para nuevas inversiones, beneficios para proyectos de gran escala y medidas para reducir obstáculos regulatorios que empresarios chilenos identifican como una barrera para desarrollar nuevos proyectos.
Para el gobierno, eliminar trabas administrativas puede ser tan importante como la reducción de impuestos.
La aprobación de la reforma depende del Congreso chileno, donde el oficialismo deberá negociar debido a que no cuenta con mayoría suficiente para aprobarla sin acuerdos.
El Consejo Fiscal Autónomo de Chile ha advertido que el proyecto podría afectar la estabilidad de las finanzas públicas si el crecimiento económico esperado no alcanza para compensar la reducción de ingresos.
El debate enfrenta dos visiones: una que apuesta por reducir impuestos para estimular la economía y otra que prioriza mantener una mayor capacidad de recaudación del Estado.
Mientras continúa la discusión legislativa, la reforma tributaria de Kast se perfila como una de las decisiones económicas más relevantes de su administración y un punto clave para definir el rumbo financiero de Chile en los próximos años.
Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas
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