El cobro de 70 pesos por acceso a Playa La Pesca durante Semana Santa genera cuestionamientos por opacidad; con base en cifras de 2025, los ingresos podrían superar los 7.4 millones de pesos.
Soto la Marina, Tamaulipas.— La decisión del gobierno municipal de cobrar 70 pesos por persona para ingresar a Playa La Pesca durante el periodo vacacional de Semana Santa ha provocado críticas entre ciudadanos, principalmente por la falta de transparencia en el manejo de los recursos que se obtendrán.
De acuerdo con datos oficiales, durante la Semana Santa 2025, Playa La Pesca registró la llegada de más de 106 mil visitantes, lo que representó un incremento significativo del 117.11 por ciento respecto al año anterior.
¿Cuánto dinero se recaudaría?
Si se toma como base esa misma afluencia y se aplica el cobro anunciado para este año, el cálculo es el siguiente:
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106,000 visitantes x 70 pesos = 7,420,000 pesos
Es decir, la administración municipal podría recaudar más de 7.4 millones de pesos únicamente durante el periodo vacacional.
Este monto ha generado mayor inconformidad, ya que hasta el momento no existe información clara sobre el destino final de estos recursos ni mecanismos públicos de rendición de cuentas.
Uno de los principales cuestionamientos es la falta de un registro transparente sobre el ingreso total y su administración. Aunque se ha mencionado de manera preliminar que los recursos podrían destinarse al sistema DIF municipal, no se han presentado informes oficiales, reglas de operación ni esquemas de fiscalización.
La ausencia de claridad en el manejo de estos ingresos ha incrementado la percepción de opacidad, especialmente considerando el volumen de recursos que se generarían en un corto periodo.
Asimismo, ciudadanos advierten que el cobro podría impactar la afluencia turística, al representar un gasto adicional para las familias que buscan disfrutar de este destino natural.
Hasta el momento, la administración municipal encabezada por la alcaldesa Glynnis Jiménez no ha dado a conocer un desglose detallado sobre la proyección de ingresos, su destino específico ni los beneficios directos que estos recursos generarán para la comunidad.
Ante este escenario, ciudadanos han hecho un llamado a que se transparente la información, se establezcan mecanismos de supervisión y se garantice el uso adecuado de los recursos públicos.
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